Activistas piden nulidad de decreto que afecta las áreas protegidas de Panamá
Organizaciones ambientalistas de Panamá pidieron ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare nulo “por ilegal” un decreto ejecutivo que permite el uso de suelos en las más de 100 áreas protegidas que existen en el país.
La gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), Johana Ábrego, explicó en la sede del máximo tribunal que el Decreto Ejecutivo 141 viola “más de 35 disposiciones” del marco legal vigente en Panamá.
Es por ello que ocho organizaciones defensoras del medio ambiente presentaron “una demanda contencioso administrativa de nulidad contra el Decreto Ejecutivo 141 de 2021, que crea los ‘Certificados de Acreditación de Uso de Suelo en Áreas Protegidas’.”
De acuerdo con los ambientalistas, mediante “los referidos certificados, el Ejecutivo permitiría la apropiación privada de las áreas protegidas aún cuando dicha apropiación está prohibida por la Constitución y es un delito penado con 5 a 10 años de prisión.”
Los activistas recalcaron que pese a ser las principales productoras de agua y nichos de biodiversidad del país, “las áreas protegidas se encuentran bajo grandes amenazas y presiones.”
Ello, porque el Ministerio de Ambiente (Miambiente) “no tiene guardaparques o personal suficiente para que las vigile y administre, y que tampoco investiga eficazmente ni sanciona las denuncias por tala y actividades prohibidas como vertimiento de desechos.”
Entonces el Miambiente, “en lugar de fortalecer las pocas herramientas de control y administración que tiene, al emitir el Decreto Ejecutivo 141 favorece la invasión de las áreas protegidas y también le cede parte de sus competencias (...) a la Autoridad Nacional de Tierras (Anati).”
Los ambientalistas aseguraron que “la norma demandada no se sustenta en ningún tipo de estudio o estadísticas sobre la ocupación humana dentro de las áreas protegidas del país, y tampoco pasó por un proceso de consulta pública o alguna forma de participación ciudadana.”
“El Decreto Ejecutivo 141 de 2021, en suma, favorece la degradación de las más de 100 áreas protegidas de Panamá: desde las playas de anidación de tortugas marinas hasta los bosques hogares del jaguar. La norma demandada también favorece el establecimiento de terratenientes y la especulación y acaparamiento de tierras“, afirmaron los activistas.
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