Anteproyecto propone cancelar antecedentes penales en casos de delitos leves
De ser aprobada, la legislación buscaría ofrecer una segunda oportunidad a quienes ya saldaron su deuda con la justicia, eliminando barreras que dificultan su acceso al empleo y su reintegración plena a la sociedad.
Una iniciativa legislativa presentada en la Asamblea Nacional busca crear un marco legal que permita a personas que ya cumplieron sus condenas por delitos de menor gravedad cancelar sus antecedentes penales y registros policiales, con el objetivo de facilitar su reinserción social.
El anteproyecto, impulsado por el diputado Isaac Mosquera, propone la creación de una Ley de Segunda Oportunidad y Derecho al Olvido Penal, basada en los principios de proporcionalidad y dignidad humana. La propuesta establece mecanismos para que quienes hayan extinguido su responsabilidad penal puedan acceder a la eliminación de sus antecedentes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
De acuerdo con la iniciativa, la medida aplicaría a personas condenadas por delitos de baja lesividad que hayan cumplido en su totalidad la pena principal y las sanciones accesorias, o que hayan satisfecho las obligaciones derivadas de multas o trabajos comunitarios.
El anteproyecto define como delitos de baja lesividad aquellos sancionados con multas, días multa, trabajo comunitario o penas privativas de libertad que no superen los tres años de prisión.
Además, contempla que personas condenadas por blanqueo de capitales también puedan acogerse a la ley, siempre que el monto involucrado no exceda los 100 mil balboas y que el caso no esté relacionado con terrorismo, narcotráfico o delincuencia organizada.
No obstante, la propuesta excluye expresamente a quienes hayan sido condenados por delitos graves como homicidio, femicidio, delitos sexuales, violencia doméstica, trata de personas, delincuencia organizada, terrorismo y delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
De ser aprobada, la legislación buscaría ofrecer una segunda oportunidad a quienes ya saldaron su deuda con la justicia, eliminando barreras que dificultan su acceso al empleo y su reintegración plena a la sociedad.
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