Nacional
APEDE pide cambio constitucional en el tema de la justicia
"Debemos asumir la tarea de revisar códigos y leyes que, a través de enrevesados mecanismos, impiden que se logren los objetivos de la justicia, convirtiéndola en una indecorosa caricatura".
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE pide centrar el debate sobre los métodos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Procurador General de la Nación y demás autoridades de las instituciones de control.
El gremio pide cambios constitucionales profundos en el tema de la justicia, la cual permanece en constante crisis de inestabilidad, incumpliendo sus fines.
La renuncia del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, genera una gran incertidumbre toda vez que no queda definido con claridad el motivo de la misma, lo que denota una inaceptable fragilidad institucional, generando además especulación y desconfianza, innecesarias en este momento crucial de la historia nacional, indica el gremio.
Hay que retomar el camino de un cambio institucional que garantice una justicia transparente, imparcial e independiente. Una que siempre esté al margen del debate político y que sea imperturbable al momento de aplicar la Constitución Nacional, acuerdos internacionales y la ley.
"Debemos asumir la tarea de revisar códigos y leyes que, a través de enrevesados mecanismos, impiden que se logren los objetivos de la justicia, convirtiéndola en una indecorosa caricatura".
APEDE indica que en el país es imprescindible la separación de los poderes del Estado, trabajando, realmente, en armónica colaboración; si el actual mandato constitucional, tal cual está establecido, no permite cumplir ese fin, entonces se deberán impulsar los cambios necesarios para lograrlo.
"Un país sin una justicia eficiente, asume la peligrosa posibilidad de adentrarse en el camino de la anarquía y, por supuesto, de la violencia. Como muestra de ello nos encontramos situaciones como las que se han presentado recientemente, en donde se agrava la precaria situación de la población en condición de vulnerabilidad que, en vez de ser atendidos y cuidados, son una y otra vez revictimizados, sin que se logre resolver el problema inminente de su salvaguarda y seguridad. Todo esto como consecuencia de un sistema que permite la impunidad, y en donde los resultados de las investigaciones no son acordes al verdadero sentido que debe tener la justicia en un Estado de Derecho", indica.
El gremio pide cambios constitucionales profundos en el tema de la justicia, la cual permanece en constante crisis de inestabilidad, incumpliendo sus fines.
La renuncia del Procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, genera una gran incertidumbre toda vez que no queda definido con claridad el motivo de la misma, lo que denota una inaceptable fragilidad institucional, generando además especulación y desconfianza, innecesarias en este momento crucial de la historia nacional, indica el gremio.
Hay que retomar el camino de un cambio institucional que garantice una justicia transparente, imparcial e independiente. Una que siempre esté al margen del debate político y que sea imperturbable al momento de aplicar la Constitución Nacional, acuerdos internacionales y la ley.
"Debemos asumir la tarea de revisar códigos y leyes que, a través de enrevesados mecanismos, impiden que se logren los objetivos de la justicia, convirtiéndola en una indecorosa caricatura".
APEDE indica que en el país es imprescindible la separación de los poderes del Estado, trabajando, realmente, en armónica colaboración; si el actual mandato constitucional, tal cual está establecido, no permite cumplir ese fin, entonces se deberán impulsar los cambios necesarios para lograrlo.
"Un país sin una justicia eficiente, asume la peligrosa posibilidad de adentrarse en el camino de la anarquía y, por supuesto, de la violencia. Como muestra de ello nos encontramos situaciones como las que se han presentado recientemente, en donde se agrava la precaria situación de la población en condición de vulnerabilidad que, en vez de ser atendidos y cuidados, son una y otra vez revictimizados, sin que se logre resolver el problema inminente de su salvaguarda y seguridad. Todo esto como consecuencia de un sistema que permite la impunidad, y en donde los resultados de las investigaciones no son acordes al verdadero sentido que debe tener la justicia en un Estado de Derecho", indica.
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