Aprueban castigar con prisión el bloquear accesos a playas y ríos en Panamá
La Asamblea aprobó en tercer debate una reforma al Código Penal que sanciona el cierre ilegal de caminos públicos y la apropiación de tierras del Estado.
Panamá aprueba ley que penaliza el cierre de caminos públicos y protege el libre tránsito
El cierre arbitrario de caminos públicos en Panamá —una práctica cada vez más denunciada en comunidades rurales y zonas turísticas— está a punto de convertirse en un delito grave. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley N.° 392, que reforma el Código Penal para garantizar el libre tránsito y proteger los bienes patrimoniales del Estado.
La iniciativa, impulsada por el diputado Edwin Vergara Castillo, establece sanciones contra quienes bloqueen caminos de uso público o se apropien ilegalmente de terrenos de interés nacional. El proyecto queda ahora a la espera de la sanción del Órgano Ejecutivo para su entrada en vigor.
Bloqueo de caminos: una práctica que impacta comunidades y turismo
De acuerdo con el documento legislativo, en distintas regiones del país se ha vuelto recurrente que particulares cierren accesos a caminos tradicionales mediante cercas, portones o estructuras, afectando directamente a residentes, productores y turistas.
Este fenómeno limita el desarrollo económico local, especialmente en áreas con potencial turístico, donde incluso se han reportado cobros ilegales por acceder a playas, ríos y senderos que históricamente han sido públicos.
Además, se han identificado prácticas fraudulentas en procesos de titulación de tierras, en las que se incluyen caminos públicos dentro de propiedades privadas, afectando el acceso colectivo y el patrimonio nacional.
Penas de hasta 10 años por delitos contra el libre tránsito
La reforma introduce los artículos 229-A y 229-B al Código Penal, estableciendo sanciones contundentes:
- De 3 a 7 años de prisión para quienes obstruyan o cierren caminos y accesos públicos.
- Hasta 10 años de cárcel para quienes obtengan títulos de propiedad mediante engaño sobre terrenos protegidos o de uso público.
Las penas aumentan cuando se trata de accesos a playas, ríos, áreas protegidas o sitios de valor ecológico, cultural o turístico.
Asimismo, la ley sanciona a funcionarios que utilicen su cargo para facilitar la apropiación indebida de tierras del Estado.
Ley aprobada: ahora pasa al Ejecutivo
El Proyecto de Ley N.° 392 superó todas las etapas legislativas tras su aprobación en tercer debate, consolidándose como una respuesta a un problema que ha generado múltiples conflictos en comunidades del país.
Durante el debate, se reveló que en algunas zonas existen varios caminos públicos cerrados en distancias muy cortas, afectando la conectividad rural y el desarrollo económico.
La norma queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir sobre su sanción para que entre en vigencia.
Protección del acceso público y del patrimonio nacional
Con esta legislación, Panamá busca reforzar la protección del acceso a caminos públicos, garantizar el derecho al libre tránsito y frenar la apropiación indebida de bienes del Estado.
La medida marca un cambio importante: conductas que antes se resolvían por la vía administrativa ahora tendrán consecuencias penales.
El mensaje es claro: bloquear caminos públicos ya no será una falta menor, sino un delito que podría costar años de prisión.
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