Bernardo Meneses seguirá preso por caso de auxilios del Ifarhu
El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó por unanimidad la detención provisional del exdirector del Ifarhu, investigado por presunto peculado agravado y corrupción de servidores públicos.
El exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo “Nando” Meneses, continuará en detención provisional luego de que el Tribunal Superior de Apelaciones rechazara la solicitud de su defensa para cambiar la medida cautelar.
La decisión fue adoptada este miércoles durante una audiencia de apelación, en la que la Fiscalía Anticorrupción se opuso a la petición de la defensa.
Tribunal mantiene la medida cautelar
Los magistrados consideraron la complejidad de la investigación y concluyeron que no se presentaron nuevos elementos que justificaran modificar las circunstancias que llevaron a ordenar la detención provisional.
También coincidieron con el planteamiento de la Fiscalía de que Meneses, como director general del Ifarhu, tenía responsabilidad sobre el manejo de los recursos de la institución, aunque algunas funciones hubieran sido delegadas.
Investigación supera los $51 millones
El proceso está relacionado con presuntas irregularidades en la entrega de auxilios económicos durante 2021 y 2023.
Según la investigación, Meneses habría permitido presuntamente que beneficiarios se apropiaran de más de $51 millones, al no ordenar la cancelación de contratos incumplidos ni gestionar los reembolsos correspondientes, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado.
La pesquisa también contempla la presunta aprobación de auxilios económicos sin que existiera una necesidad económica o académica que los justificara.
Fiscalía señala depósitos a su cuenta
Dentro de la investigación, el exdirector del Ifarhu también es señalado de haber recibido presuntamente más de $19 mil en su cuenta personal provenientes de beneficiarios.
Meneses permanece detenido provisionalmente desde enero de 2026.
A este proceso se suma otra investigación que comenzó en julio de 2025 por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
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