Carrizo: reforma no debe ser cosmética ni a medida de políticos y empresarios
Carrizo: reforma no debe ser cosmética ni a medida de políticos y empresarios
Por: Redacción / Crítica Impreso -
El vicepresidente José Gabriel Carrizo presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional, la propuesta de reformas de 40 artículos de la Constitución, tal como fue aprobada en el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo.
Carrizo alegó que no se quieren reformas cosméticas ni a la medida de los poderes económicos y políticos. El vicepresidente concurrió al palacio Justo Arosemena acompañado de ministros de Estado.
Panamá salió el 1 de julio de la parálisis en la que la mantuvo la administración Varela y el Ejecutivo y la Asamblea impondrán la celeridad que merece un tema relativo a la Carta Magna, expresó Carrizo.
El proyecto limita la reelección de los diputados a un periodo, establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del nuevo Tribunal Constitucional serán nombrados por 15 años.
Además un exmandatario no podrá ser postulado a vicepresidente hasta después de 10 años de culminar su gestión.
La Procuraduría investigará a magistrados y diputados, pero los integrantes de la Asamblea serán juzgados por tres miembros de la Corte; los de la Corte por el Tribunal Constitucional y los del Tribunal Constitucional por una Comisión Especial del Organo Legislativo integrada por 9 miembros.
Eso busca eliminar la relación “triangular” que existía en temas de investigaciones, pero no es una varita mágica, reconoció Juan Manuel Castulovich, integrante de la Concertación.
El Tribunal Constitucional –de 5 integrantes- será el máximo organismo para interpretar la Constitución.
La reformas indica que las provincias de Bocas del Toro y Herrera, quedan constituidas en circuitos electorales plurinominales.
Además no podrán ser candidatos a presidente y diputados los condenados por delito doloso. Actualmente la condena debía ser mayor de 5 años.
Además se propone que los diputados no podrán ejecutar obras públicas ni partidas presupuestarias por sí mismos, ni por interpuestas personas, incluyendo organizaciones sin fines de lucro, o a través de entidades públicas.
Las reformas deben ser aprobadas por dos legislaturas consecutivas y luego elevada a un referéndum.
