Caso de preso dos años por error será llevado a la CIDH
Nora Santa, abogada del afectado, indicó que el fallo dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obliga al MP a pagarle 50 mil dólares a Rodríguez debe cumplirse, sin embargo, esto no impide que presenten acciones a nivel internacional.
Tras vencer legalmente al Ministerio Público (MP), por ser responsable de su detención por más de dos años, debido a un error administrativo de la Fiscalía Decimocuarta de Circuito, Irving Alexis Rodríguez llevará su reclamo a las instancias internacionales.
Los abogados de Rodríguez y sus familiares analizan la posibilidad de elevar lo sucedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nora Santa, abogada del afectado, indicó que el fallo dictado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que obliga al MP a pagarle 50 mil dólares a Rodríguez debe cumplirse, sin embargo, esto no impide que presenten acciones a nivel internacional.
“El tema es que esto es un proceso nefasto para el Ministerio Público, pero para nosotros tiene un sabor amargo, ya que 50 mil dólares por el daño que le causaron a mi cliente, yo creo que no es justo; creo que es hasta un burla, un irrespeto hacia este señor que en este momento está completamente afectado”, denunció la jurista. El afectado reclamaba $750 mil.
Santa agregó que producto de las afectaciones que se le causaron estando detenido, su cliente ni siquiera puede rendir una entrevista o llevar una conversación coherente, esto porque simple y sencillamente al sistema después de tenerlo cinco años detenido se les olvidó que estaba preso.
“El tipo está enfermo, su salud física se deterioró con esa detención, su madre se murió, adquirió enfermedades en la cárcel, perdió la razón. Él es una persona que en este momento perdió su capacidad de entendimiento y la Corte Suprema dice que eso cuesta 50 mil dólares” agregó.
Irving Rodríguez estuvo detenido en la cárcel La Joyita tras ser señalado por supuestamente estar vinculado a un delito contra el patrimonio económico y contra la fe pública, esto por un tema de falsificación de cheques.
Para el año 2009 cuando se dio la conducta omisiva del Ministerio Público, el fiscal del caso era William Parodi; la procuradora Ana Matilde Gómez, el secretario general Rigoberto González Montenegro y la subsecretaria general Kenia Porcell.
Etiquetas