Caso DGI: 13 implicados a la cárcel y exigen investigar a bancos compradores
Una jueza de garantías ordenó la detención provisional de 13 de los 16 imputados por una presunta red de corrupción en la DGI.
Caso Pandora: caen funcionarios, pero exigen investigar a los bancos.
Por: Redacción Crítica -
Un total de 16 personas fueron imputadas por su presunta vinculación con una estructura criminal que, según las investigaciones del Ministerio Público, operaba desde la Dirección General de Ingresos (DGI). Este esquema habría provocado un perjuicio económico superior a los 40 millones de dólares mediante la manipulación de cuentas tributarias.
Tras una audiencia de garantías que se extendió durante cuatro días en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, la jueza Zenia Pérez ordenó la detención provisional de 13 de los imputados. A los otros tres implicados se les impuso la medida cautelar de arresto domiciliario; en uno de estos casos, la decisión respondió a problemas de salud debidamente acreditados.
¿Cuáles son los delitos imputados en la Operación Pandora?
Los investigados enfrentan cargos graves por la presunta comisión de los delitos de:
Blanqueo de capitales
Delincuencia organizada
Corrupción de servidores públicos
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De acuerdo con la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, la red estaba conformada por funcionarios de la DGI y particulares. Presuntamente, los implicados alteraban la información de los contribuyentes dentro del sistema E-Tax para eliminar registros de pagos tributarios y convertir esos montos en créditos fiscales no aplicados, los cuales posteriormente eran negociados con una entidad financiera.
El caso, que se originó a partir de una denuncia anónima, abarca hechos investigados durante el período comprendido entre los años 2024 y 2025.
Como parte de las acciones judiciales, las autoridades ejecutaron la Operación Pandora, realizando 23 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé. Durante las diligencias se incautaron equipos tecnológicos y documentación clave que será utilizada como evidencia en el proceso judicial. La investigación continúa abierta para determinar el alcance real de esta red de corrupción y establecer si existen más involucrados.
Cuestionamientos al Ministerio Público y reacciones políticas
Tras los operativos han surgido severos cuestionamientos sobre la forma en que el Ministerio Público ha conducido el proceso. Uno de ellos fue planteado por el abogado Sidney Sittón, quien señaló que, si la "promiscuidad" en el manejo de los créditos fiscales se desató durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo, surge la interrogante de por qué otras personas y entidades no han sido investigadas.
Según Sittón, la fiscalía debe explicar por qué "los bancos y empresas que compraron créditos fiscales falsos, por sumas millonarias, no fueron imputados bajo la modalidad de dolo eventual", figura jurídica que se aplica cuando una persona actúa previendo la posibilidad de cometer un delito y, aun así, continúa con su conducta.
Asimismo, el jurista enfatizó que también debieron ser investigados los entes fiscalizadores que tenían el deber de auditar la gestión y administración de la DGI. Sittón instó al Ministerio Público a solicitar el apoyo del Federal Bureau of Investigation (FBI) para fortalecer la trazabilidad del dinero y determinar el destino final de los fondos ilícitos.
Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli reaccionó a través de su cuenta en la red social X, asegurando que, conforme avance el proceso, saldrá a relucir el nombre de un gerente bancario vinculado al caso. Martinelli afirmó que el directivo "hará lo posible para que no lo mencionen" y agregó que el implicado "está embarrado hasta la wacha".
Detalles de la audiencia judicial
En la audiencia de garantías, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal superior Emeldo Márquez y el fiscal adjunto Dagoberto Alvarado. También participaron representantes de la querella por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de una empresa afectada. La defensa estuvo a cargo de abogados particulares y del Instituto de la Defensa Pública.
