Contraloría denuncia a Panama Ports Company por posibles irregularidades
La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público tras una auditoría al contrato portuario que abarcó de 2014 a 2024. También incluye a exdirectivos y exadministradores de la AMP.
La Contraloría General de la República presentó una denuncia penal contra Panama Ports Company, S.A. (PPC) y otras personas por posibles irregularidades detectadas en una auditoría al contrato suscrito entre la empresa y el Estado panameño.
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La denuncia fue presentada el 17 de noviembre ante el Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría, para que se investiguen los hechos identificados y se determine si existen responsabilidades penales.
La acción incluye a quienes ocuparon cargos principales y suplentes en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entre 2014 y 2023, así como a quienes ejercieron como administradores generales de esa institución durante el mismo período. También figura la sociedad Panama Ports Company, S.A.
Auditoría abarcó diez años de operaciones
Los posibles hallazgos están contenidos en el Informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento relacionado con el Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, suscrito entre el Estado panameño y PPC, así como con sus respectivas adendas.
La revisión comprendió el período del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2024.
Entre los aspectos examinados estuvieron las cifras presentadas en los estados financieros de la empresa y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus modificaciones.
Según la Contraloría, el informe identificó posibles irregularidades y hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública. Por esta razón, la institución remitió al Ministerio Público la documentación correspondiente.
Ministerio Público deberá determinar si hubo delitos
La denuncia busca que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan si existen responsabilidades penales y quiénes serían los posibles responsables.
La Contraloría recordó que los servidores públicos tienen la obligación de comunicar a las autoridades competentes cualquier hecho que, durante el ejercicio de sus funciones, pueda revestir características de delito.
La entidad indicó que continuará ejerciendo su función fiscalizadora y remitirá a las autoridades cualquier otro hallazgo o posible irregularidad que pueda representar una afectación a los recursos y al patrimonio del Estado.
