Contratación de brazaletes electrónicos genera debate por costo
El uso de los dispositivos electrónicos permitiría aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, tales como el arresto domiciliario o el trabajo comunitario.
El Ministerio de Gobierno tramita, mediante procedimiento excepcional, la contratación del servicio de arrendamiento de un sistema de monitoreo electrónico para personas privadas de libertad. La iniciativa contempla la implementación de hasta 2,000 brazaletes electrónicos durante un período de seis años (2,192 días), con un costo estimado de $37.2 millones.
Según los documentos publicados en el portal Panamá Compra, el objetivo del proyecto es aliviar el hacinamiento que enfrentan los centros penitenciarios del país, que actualmente albergan a 24,527 personas, cifra que supera ampliamente la capacidad instalada y genera serias presiones operativas, administrativas y sociales.
El uso de los dispositivos electrónicos permitiría aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, tales como el arresto domiciliario o el trabajo comunitario. También se busca mejorar los procesos de resocialización y reducir los costos asociados al mantenimiento de los reclusos en las cárceles.
Frente a cuestionamientos y publicaciones en redes sobre la contratación, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, defendió la iniciativa a través de su cuenta personal en la red social X. En un extenso mensaje, afirmó que el proceso es urgente y necesario, y criticó lo que calificó como noticias tendenciosas.
“Ya empezamos. No han podido encontrar por dónde darme palo y ya empezamos a dar noticias tendenciosas sobre la contratación (...). Cuando necesiten la información, pídanmela directo. Con todo el gusto les aclaro cualquier duda”, expresó la ministra, quien aseguró que la plataforma de monitoreo ya estaba instalada cuando asumió el cargo y que se decidió mantener al proveedor original tras realizar pruebas con otras empresas que no dieron buenos resultados.
Montalvo también denunció las complejidades legales que enfrenta la administración pública para hacer contrataciones más ágiles y sostuvo que las actuales reglas limitan la capacidad de respuesta del Ejecutivo. “Me encantaría hacer contratos por seis meses en materia de servicios y, si no funciona, cambiar de proveedor como lo hace cualquier mortal”, escribió.
La ministra invitó a medios y ciudadanos interesados a visitar las instalaciones del sistema de monitoreo y reiteró su disposición a brindar información, siempre que no comprometa temas de seguridad.