Corte sesiona bajo presión popular
Hoy desde las 11:00 a.m. habrá una marcha desde la plaza 5 de Mayo hasta la Corte Suprema de Justicia. La jornada se desarrollará en medio del feriado por los 202 años de independencia de Panamá de España.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieron ayer una nueva jornada de la sesión permanente para definir la inconstitucionalidad o no de la Ley 406 del contrato con Minera Panamá. Afuera del Palacio Gil Ponce la masa presiona gritando consignas, ondeando banderas, bailando tamborito y asoleando a los "vendepatria" y "mercenarios de la información".
El Suntracs y los gremios docentes son los más beligerantes. Es un ambiente cargado de emociones, que anticipa resultados más allá de los argumentos legales que se puedan esgrimir.
El secretario del Suntracs, Saúl Méndez -al pie del cañón- exclama que exigen una declaratoria de inconstitucional total, menos que eso es imposible. Estaremos aquí hasta que haya un fallo final...el soberano...el pueblo habló en las calles, reafirmó el sindicalista próximo a cumplir 54 años.
Los nueve magistrados han sesionado por 55 horas para analizar dos de las 10 demandas de inconstitucionalidad: las de los abogados Juan Ramón Sevillano y Martita Cornejo, que tienen como magistrados sustanciadores a María Eugenia López y a Olmedo Arrocha.
Hoy desde las 11:00 a.m. habrá una marcha desde la plaza 5 de Mayo hasta la Corte Suprema de Justicia. La jornada se desarrollará en medio del feriado por los 202 años de independencia de Panamá de España.
En tanto, Minera Panamá aclaró que la notificación de arbitrajes al gobierno de Cortizo, era meramente cumplir con las formalidades legales requeridas por los tratados internacionales, con el propósito de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días.
Este tipo de notificaciones no son el inicio de un arbitraje, sino que por el contrario, intentan evitar la necesidad de arbitrar permitiendo que la situación se resuelva durante el periodo de 90 días.
La empresa dijo que confía plenamente en su sólida posición legal y su intención ha sido siempre abrir canales de diálogo para encontrar soluciones conciliadoras en estricto cumplimiento de la ley y los tratados internacionales, siempre reservándose el derecho de activar otras medidas para defender su inversión realizada de buena fe.