Crean unidad legal para representar al Estado en casos penales
Esta unidad, adscrita al Ministerio de Gobierno, actuará como ente asesor y coordinador legal, brindando apoyo jurídico especializado a las instituciones del Estado que hayan sido víctimas de delitos.
El Gobierno Nacional oficializó la creación de la Unidad de Coordinación Legal, que tendrá como misión principal representar a los ministerios y entidades públicas en procesos penales como querellantes, especialmente en casos de delitos contra la administración pública y el patrimonio del Estado.
La iniciativa quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 31 del 13 de octubre de 2025, firmado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el presidente de la República, José Raúl Mulino.
Esta unidad, adscrita al Ministerio de Gobierno, actuará como ente asesor y coordinador legal, brindando apoyo jurídico especializado a las instituciones del Estado que hayan sido víctimas de delitos. Además, tendrá la responsabilidad de revisar y preparar querellas en casos que involucren malversación de fondos, afectación de bienes públicos o actos de corrupción que comprometan recursos estatales.
“Se hace necesario crear una unidad de coordinación legal para que sea la encargada de asistir y representar a los ministerios y entidades públicas en procesos penales como querellantes”, sostuvo el Ministerio de Gobierno en un comunicado oficial.
Según el decreto, los abogados de esta nueva unidad deberán contar con poder legal otorgado por las entidades que representen. Para su operatividad, el Ministerio de Gobierno deberá contratar penalistas especializados, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas se encargará de las asignaciones presupuestarias necesarias.
Esta acción se enmarca en un contexto de crecientes denuncias por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos, como los del programa de descentralización.
Ante ello, tanto el presidente Mulino como el procurador general, Luis Gómez, han reiterado la importancia de que las instituciones del Estado asuman un rol activo como querellantes en los procesos judiciales.
Con esta medida, el Gobierno busca no solo fortalecer la defensa de los intereses del Estado, sino también enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción y de respaldo a la institucionalidad.