Crisis en la UP por traslado de oficina de Contraloría
Según un comunicado emitido por la universidad, el cambio ha generado retrasos significativos en el proceso de refrendo, impactando directamente la adquisición de bienes y servicios esenciales.
Tomado de comunicado de UP
-Crisis administrativa en la UP por traslado de oficina de la Contraloría
-Contraloría complica funcionamiento de la UP con reubicación de oficina
La Universidad de Panamá (UP) advirtió sobre graves afectaciones operativas y administrativas derivadas del traslado de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República, que anteriormente atendía directamente a la institución, hacia la Coordinación Regional ubicada en Plaza Edison, desde el pasado 7 de mayo.
Según un comunicado emitido por la universidad, el cambio ha generado retrasos significativos en el proceso de refrendo, impactando directamente la adquisición de bienes y servicios esenciales. Entre los efectos más relevantes se destacan:
-Demoras en la adquisición de materiales y medicamentos para el Hospital Veterinario de la UP.
-Retrasos en pagos y contrataciones institucionales, así como en el mantenimiento de diversas áreas.
-Dificultades para pagar servicios básicos como agua, electricidad y combustible, lo que también afecta actividades agrícolas como la siembra.
-Limitaciones en la compra de insumos de laboratorio y reactivos para el Instituto Especializado de Análisis, dificultando su labor de control de productos que ingresan al país.
-Afectación al desarrollo académico y estudiantil, incluyendo giras, programas anexos y materiales necesarios para el aprendizaje.
La institución también señaló que la centralización del procedimiento en la sede regional ha incrementado los tiempos de gestión, comprometiendo el funcionamiento regular de la universidad y afectando el cumplimiento de su misión educativa y científica a nivel nacional.
La Universidad de Panamá hizo un llamado respetuoso a las autoridades de la Contraloría General para que se revise esta medida, considerando las consecuencias negativas que ha traído para su operación. Se estima que los atrasos comprometen gestiones institucionales por un monto superior a B/. 50,000.