Dan luz verde a ley para diferenciar productos originales e imitaciones
El Proyecto de Ley No. 405, aprobado en tercer debate, introduce reglas estrictas para distinguir productos originales de imitaciones, fortalecer sanciones y garantizar información clara tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico.
El pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley No. 405, una iniciativa que busca algo tan básico como necesario: que el consumidor panameño sepa exactamente qué está comprando.
La propuesta apunta directamente a una práctica cada vez más común en el mercado: la confusión entre productos originales y sus imitaciones o productos sucedáneos. De ser sancionada por el Ejecutivo, la norma obligará a que esta diferencia sea clara, visible y comprensible, tanto en los estantes de los comercios como en las plataformas digitales.
La ley establece que los productos deberán identificar de forma obligatoria su origen, evitando que el consumidor sea inducido a error por empaques similares, ubicaciones estratégicas o descripciones poco precisas. En otras palabras, busca cerrar los espacios a las compras engañosas.
Pero el alcance va más allá de una simple etiqueta. La normativa fija reglas específicas sobre cómo deben presentarse estos productos. Por ejemplo, exige que los letreros cumplan con estándares mínimos de tamaño, contraste y ubicación, fortaleciendo la rotulación de productos para que la información no pase desapercibida.
También introduce un cambio clave en los puntos de venta: los productos originales y sus imitaciones no podrán colocarse juntos sin una separación visible. La intención es eliminar el llamado “efecto de proximidad”, que muchas veces lleva al consumidor a tomar una decisión equivocada casi sin darse cuenta.
En el caso del comercio electrónico en Panamá, la ley no deja cabos sueltos. La obligación de informar de manera clara se extiende a todo el proceso de compra, desde la vista previa del producto hasta la confirmación final.
Otro punto relevante es el endurecimiento de las sanciones. El proyecto plantea un sistema más riguroso, con medidas que aumentan según la gravedad de la falta, la reincidencia y la intención de engañar, reforzando así la protección al consumidor.
Además, incorpora criterios de accesibilidad, pensando especialmente en personas con discapacidad visual y adultos mayores, quienes suelen enfrentar mayores dificultades al momento de identificar productos.
Con esta aprobación, la Asamblea apuesta por un mercado más transparente, donde la transparencia comercial y la información clara no dependan de la buena voluntad del comercio, sino que sean una obligación. Ahora, la decisión final queda en manos del Ejecutivo.
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