Defensa de Héctor Brands denuncia violación al debido proceso
Desde su punto de vista, "en este país las cosas no andan bien y se están haciendo a la pedrada. Yo creo que hay que darles derecho a las personas de defenderse".
Panamá- "En Panamá no se está respetando el debido proceso" y no solo en cuanto al caso del exdiputado de la Nación y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, sino en general, porque "se quieren hacer las cosas a empujones", aseguró el abogado Víctor Orobio.
Orobio respondió así luego de la aprehensión de Brands en su casa la mañana de este martes, junto a cuatro familiares, entre los que figura su actual pareja. Desde su punto de vista, "en este país las cosas no andan bien y se están haciendo a la pedrada. Yo creo que hay que darles derecho a las personas de defenderse".
Hasta este momento, según el letrado, la defensa "no sabe a ciencia cierta en qué se basa el fiscal en todo lo que está diciendo". Orobio aseguró que "lo único que nosotros sabemos es que tenemos dos empresas que están bien fundamentadas, están bien afianzadas, tienen ingresos bien lícitos, tienen clientes que son corporaciones", y cuestionó las bases que utilizará la Fiscalía para presentar su caso.
El abogado explicó que este martes se enterarían del contenido de la investigación contra Brands, luego de que se levantara la reserva del caso, ya que hasta ese momento solo la Fiscalía tenía acceso al expediente. Sobre la aprehensión de los familiares, indicó que "para el fiscal es un delito que haya transferencias -de dinero- entre familiares" y que el delito es "la fuente de los ingresos". No obstante, según dijo, estos están sustentados, son lícitos, "tienen una fuente conocida y de empresas que son conocidas", por lo que subrayó que sí que una persona tiene su plata y no se la ha robado se puede dar sus lujos. "¿Dónde está el delito?", preguntó.
"Yo creo que hay es una gran incapacidad, porque estos temas son técnicos y tenemos muchos fiscales que se lanzan sin conocer bien la figura que están manejando", aseguró Orobio.
La investigación del Ministerio Público, en el marco de la operación Bávaro, se centra en la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado. Los hechos investigados datan de 2019, cuando una sociedad vinculada a Brands y sus familiares, tras un cambio en su junta directiva, comenzó a recibir contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares. A pesar del cambio, los beneficiarios finales de los fondos habrían seguido siendo el exdiputado y miembros de su familia.
La pesquisa se sustenta en informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que identificó depósitos por $27.9 millones en cuentas bancarias asociadas a Brands entre enero de 2019 y junio de 2025.
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