Demandarán a fiscales en caso Panama Papers
El abogado Basilio González anunció que varios juristas, entre ellos Marcela Araúz, preparan una demanda contra fiscales que participaron en la investigación del caso Panama Papers, al considerar que durante el proceso se produjeron actuaciones contrarias al derecho.
La acción será presentada ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y busca establecer responsabilidades por las actuaciones realizadas y los daños ocasionados a los investigados.
González explicó que participaron seis fiscales, pero la acción podría dirigirse inicialmente contra Ricauter González, quien fue destituido; Isis Soto, quien renunció al Ministerio Público; y Rómulo Bethancourt, quien aún labora en esa institución, además de quienes resulten responsables.
El abogado sostuvo que la investigación no estableció la existencia de un delito relacionado con la constitución y administración de sociedades anónimas, actividad que, afirmó, estaba amparada por la legislación panameña. Citó la Ley 2 de 2011, específicamente el artículo 17, sobre condiciones de exención de responsabilidad para los agentes residentes, que a su juicio debieron ser consideradas por los fiscales.
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También cuestionó el impacto de la investigación sobre los abogados y personas vinculadas a Mossack Fonseca. Indicó que unas 30 personas fueron detenidas y posteriormente obtuvieron medidas de excarcelación.
Entre las consecuencias atribuidas al proceso, mencionó el cierre de operaciones de la firma y el impacto sobre cientos de trabajadores. Según González, Mossack Fonseca administraba una importante cartera de sociedades y su cierre también afectó la economía panameña y los ingresos que generaba esta actividad para el Estado.
Caraballo
Otro cuestionamiento se relaciona con las comunicaciones obtenidas durante la investigación. González indicó que Javier Caraballo, entonces fiscal, inició el caso.
Según el jurista, durante la intervención de Mossack Fonseca algunas conversaciones fueron grabadas sin autorización de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que esto quedó demostrado en el expediente y que las actuaciones violaron la Constitución y la ley, además de constituir delitos.
Finalmente, señaló que el proceso habría generado daños morales, reputacionales, económicos y personales a los investigados. A su juicio, las autoridades debieron proteger la imagen del país.
