Diputados van contra seguros privados a costa del Estado
Duke fue enfático: “El que quiera seguro privado, que lo pague con su plata, no con la de todos los panameños”, recalcó ante sus colegas.
El debate se puso candente en la Asamblea Nacional. Los diputado Luis Duke y Ernesto Cedeño presentaron dos anteproyectos de ley que buscan prohibir que los funcionarios del Estado tengan seguros privados de salud pagados con fondos públicos.
Actualmente, más de 168 millones de dólares del erario se destinan a cubrir estas pólizas en entidades como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público, la Seguridad e incluso el Canal de Panamá.
“Si un funcionario quiere seguro privado, que lo pague de su bolsillo como cualquier mortal”, lanzó Cedeño, reflejando el sentir de la mayoría, que rechaza este gasto y lo califica como un lujo injustificable en un país con hospitales colapsados, falta de medicamentos y citas médicas eternas.
El proyecto de Duque:
Según Duque, es “inmoral y éticamente inaceptable” que mientras la mayoría de los panameños enfrenta hospitales públicos desbordados, sin medicamentos y con carencias, altos cargos del Estado disfruten de seguros privados costeados con la plata del pueblo.
El anteproyecto de ley plantea una serie de medidas concretas.
En sus primeros artículos, deja claro que ningún órgano del Estado, ya sea Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entidades autónomas, semiautónomas o empresas estatales, podrá utilizar dinero público para financiar seguros privados.
El proyecto también busca cerrar la brecha de privilegios: propone eliminar desigualdades, garantizar la transparencia en el uso de los recursos y priorizar la inversión en hospitales, medicamentos y centros de atención primaria, asegurando que el derecho a la salud sea igual para todos.
Otro punto clave es que ningún funcionario, sin importar jerarquía, podrá recibir pólizas privadas costeadas con fondos estatales. Los contratos que ya existen se respetarán hasta su fecha de vencimiento, pero no podrán ser prorrogados ni renovados.
Además, todo el dinero que hoy se usa para esas pólizas será redirigido al MINSA y a la Caja de Seguro Social (CSS), con el fin de reforzar la infraestructura hospitalaria, abastecer farmacias y mejorar la atención médica.
Finalmente, el anteproyecto le da al Ejecutivo un plazo de 90 días para reglamentar la norma, la cual entraría a regir inmediatamente después de su promulgación.
Dos propuesta con un solo fin
Ambos proponentes coinciden en que este beneficio debe desaparecer. Cedeño aclaró que habría excepciones para policías y bomberos, siempre que se justifique.
La propuesta, de aprobarse, obligaría a que cada funcionario que desee cobertura médica privada lo haga con recursos propios y no con el presupuesto nacional.
Algunos sectores han aplaudido la medida como un paso hacia la transparencia en el gasto público, mientras que otros advierten que generará resistencia en instituciones donde este tipo de beneficios ya es costumbre.
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