¿El panameño saca préstamos y no paga? La gente cumple aunque no lo crean
En conclusión, los datos duros desmienten el mito: aunque existen sectores con índices de atraso que requieren seguimiento continuo por parte de los supervisores y banco.
Existe en la calle un dicho recurrente: “El panameño pide prestado, platita en mano y después se hace el loco”. La idea de que una parte considerable de los clientes saca préstamos personales, tarjetas o créditos para autos y luego desaparece del radar bancario se escucha con frecuencia en paradas, buses y redes sociales. Sin embargo, ¿qué dicen realmente los números del sistema financiero nacional sobre el índice de "mala pagas"?
De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria presentado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) y las mediciones de la agencia de historial de crédito APC Experian, la inmensa mayoría de los clientes bancarios en el país cumple con sus compromisos financieros. Pese a la percepción popular, el sistema bancario panameño mantiene un índice de morosidad general de la cartera de consumo —que agrupa créditos vencidos y morosos— controlado en rangos que históricamente oscilan entre el 4% y el 6% del total financiado.
Esto significa que, por cada 100 dólares prestados en el mercado local, más de 94 dólares son pagados puntualmente o se encuentran al día dentro de los términos acordados.
¿Dónde se concentra la mora?
Aunque la tasa global evidencia un comportamiento predominantemente pagador, el desglose por tipo de financiamiento muestra contrastes en el comportamiento del consumidor.
Los préstamos personales y las tarjetas de crédito registran históricamente los mayores niveles de atraso voluntario e involuntario dentro del crédito de consumo. Según los registros del regulador, el atraso en tarjetas de crédito y financiamientos de libre disponibilidad tiende a responder a sobreendeudamiento, pérdida de empleo o variaciones imprevistas en los ingresos del hogar.
En contraste, la cartera hipotecaria (préstamos de vivienda) y los financiamientos para adquisición de vehículos muestran un nivel de cumplimiento significativamente mayor. La razón es clara: en ambos casos existen bienes inmuebles o muebles que sirven como garantía real del crédito, lo que incentiva al cliente a priorizar el pago para evitar el embargo o la aprehensión del bien.
Las consecuencias de "hacerse el aéreo"
Para quienes deciden ignorar las llamadas de cobranza o abandonar el pago de sus deudas, el impacto no se limita a las llamadas insistentes de gestores cobradores. El marco legal y regulatorio panameño, amparado en la Ley 24 de 2002 (que regula el servicio de información sobre el historial de crédito), establece consecuencias financieras directas.
En primer lugar, cualquier incumplimiento superior a 30 días genera un reporte de atraso inmediato en la base de datos de APC Experian. Este registro permanece en la ficha crediticia del cliente y reduce severamente su score o puntuación financiera, bloqueando de manera automática la posibilidad de acceder a nuevos créditos, líneas telefónicas pospago, tarjetas bancarias e incluso compras a plazo en el comercio al por menor.
En segundo lugar, la legislación panameña permite a las entidades bancarias y financieras recurrir a la vía judicial mediante procesos ejecutivos para el cobro de acreencias. Esto puede derivar en el secuestro de cuentas bancarias, la retención directa sobre el salario descontable conforme a los límites fijados por el Código de Trabajo, o el secuestro y remate de bienes muebles e inmuebles a nombre del deudor.
Prescripción y mitos del historial crediticio
Otro mito muy extendido en el país sostiene que las deudas "desaparecen" con el paso del tiempo o que el reporte negativo permanece para siempre. La Ley 24 de 2002 establece expresamente que los datos sobre los saldos en mora deben caducar en la referencia crediticia a los siete (7) años, contados a partir de la fecha en que debió realizarse el último pago o desde el inicio del incumplimiento.
No obstante, las autoridades financieras y especialistas legales aclaran que la prescripción del dato en el historial crediticio no extingue la obligación legal del pago de la deuda con la entidad acreedora, la cual puede mantener sus acciones legales cobratorias activas mediante procesos judiciales interpuestos formalmente.
En conclusión, los datos duros desmienten el mito: aunque existen sectores con índices de atraso que requieren seguimiento continuo por parte de los supervisores y bancos, el consumidor panameño en su generalidad cuida su historial crediticio y cumple con el pago de sus obligaciones financieras.
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