Estalla la polémica por apertura de la isla penal de Coiba
Este 13 de junio fueron trasladados 29 privados de libertad hacia la isla de Coiba.
Por: Redacción / Crítica -
Lo que una vez fue el rincón más temido de Panamá, vuelve a estar en el centro del debate nacional. Ayer, 13 de junio, el gobierno de José Raúl Mulino reactivó las instalaciones en Isla Coiba para trasladar a 29 cabecillas de organizaciones criminales, provocando una onda expansiva de rechazo y cuestionamientos que sacuden al país.
Para entender lo que ocurre hoy, hay que mirar atrás. Inaugurada en 1919, la colonia penal de Coiba no fue una cárcel cualquiera; fue un destino de exilio diseñado para el aislamiento absoluto.
Situada en medio del Pacífico, su "muro" no eran rejas, sino kilómetros de mar abierto y una selva impenetrable. Durante casi un siglo, el Estado utilizó este lugar para borrar de la vista social a quienes consideraba su mayor amenaza.
El infierno de la vida cotidiana en la isla
Coiba no operaba bajo un sistema de celdas convencionales. Su estructura interna era la de una colonia agrícola de trabajo forzado, dividida en distintos "campos" (como el Campo Central, Alfa o Bravo). La vida allí era una lucha constante: Los reclusos vivían hacinados en barracones de madera, sujetos a jornadas extenuantes bajo un sol implacable.
Dentro de los campos, la jerarquía la imponían capataces —otros reclusos con poder— que reportaban a los custodios, creando un ambiente de violencia donde la dignidad era, muchas veces, un lujo imposible.
El aislamiento geográfico permitía que el sistema operara sin testigos. Las denuncias de torturas, tratos inhumanos y desapariciones fueron el secreto a voces que finalmente obligó al Estado a cerrar el penal en 2004, ante la presión internacional de organizaciones de derechos humanos.
Una herida que se reabre en 2026
Tras el cierre, la isla fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, convirtiéndose en un santuario de biodiversidad que la naturaleza comenzó a reclamar. Sin embargo, el anuncio de ayer ha cambiado las reglas del juego.
El gobierno de José Raúl Mulino justifica la reactivación como una medida urgente para frenar la criminalidad y desarticular a bandas que, incluso desde prisiones en el continente, seguían dirigiendo sus operaciones.
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El choque: ¿Seguridad contra Conservación?
La reapertura no ha sido bien recibida por todos. El país está dividido:
- La comunidad científica: Voces como la de Eloisa Lasso quien señala que sacrificar un patrimonio natural reconocido mundialmente es un error histórico. Argumentan que la presencia de un penal es incompatible con el ecosistema único de Coiba.
- El frente político: Diputados como Ernesto Cedeño y Janine Prado han cuestionado la medida, calificándola de "inconsulta" y señalando que es un atajo ante la falta de una administración efectiva en las cárceles actuales.
Se debate si el Gobierno está priorizando un golpe de "mano dura" sobre la integridad de un área protegida y un compromiso ambiental adquirido hace años.
Hoy, la isla vuelve a ser la protagonista de una tragedia compartida. Mientras las autoridades sostienen que este es el único camino para frenar el crimen organizado, Panamá se pregunta si el progreso debe construirse a costa de repetir las sombras de su propio pasado y si esto solucionará el problema de seguridad.
