Etelvina va por fuera; Contraloría le caerá a la UNACHI
El Ministerio de Educación (Meduca) confirmó ayer la renuncia voluntaria de Etelvina de Bonagas al cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), presentada el pasado 11 de mayo durante una reunión con la ministra de Educación, Lucy Molinar.
Según informó la entidad, durante el encuentro Bonagas solicitó el pago oportuno de sus prestaciones laborales y posteriormente entregó su carta de renuncia en la secretaría del ministerio. La dimisión se hará efectiva el próximo 11 de junio.
El Meduca detalló que la nota DM-SG-106-209-2026 fue remitida el lunes 25 de mayo al Consejo Nacional Universitario, junto con denuncias y quejas recibidas relacionadas con la administración de la casa de estudios superiores.
Entre la documentación enviada figura además un informe de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), en el que se exponen presuntas prácticas de nepotismo y se recomienda la destitución de unos 15 funcionarios por supuestas irregularidades en sus nombramientos. El documento también plantea sanciones económicas contra 12 servidores públicos vinculados a la universidad.
Frente a estos señalamientos, el Meduca indicó que no le corresponde determinar “cuántas irregularidades deben generar la reacción de un Consejo Universitario comprometido con la excelencia académica y el fortalecimiento institucional”. No obstante, subrayó que sí es su deber trasladar la información “al ente que corresponda velar por los mejores intereses de esa institución de estudios superiores”.
En ese sentido, reiteró que será responsabilidad del Consejo General Universitario de la Unachi evaluar las denuncias y adoptar las medidas que considere pertinentes.
Contraloría anuncia auditoría
Por otra parte, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoría forense en la Unachi por descuentos efectuados a trabajadores universitarios que, presuntamente, no habrían sido transferidos de manera oportuna a las entidades correspondientes.
La institución advirtió que esta situación podría afectar derechos fundamentales relacionados con la seguridad social y la estabilidad financiera de los colaboradores.
La auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, identificar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes, en cumplimiento del marco constitucional y legal vigente.