Exjefe del Consejo de Seguridad da paseito por Fiscalía
El exdirector del Consejo de Seguridad, Rolando López Pérez acudió ayer a tempranas horas de la mañana a la Fiscalia de Delincuencia Organizada para notificarse, un día antes de la audiencia fijada en medio de la investigación por el supuesto delito de tráfico ilegal de armas, en la modalidad del delito contra la seguridad colectiva.
Ya el 16 de julio se había notificado vía digital de la audiencia que tendrá mañana en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), por lo que era innecesaria su presencia ayer en el Ministerio Público.
Al salir de la fiscalía indicó que nunca ha tenido armas de guerra, y aseguró que en la audiencia brindará declaraciones antes las acusaciones interpuestas. Yo prefiero aclarar todo en la audiencia que será a las 10:00 a.m. de este martes, añadió.
El caso que es investigado por la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada se remonta al 11 de marzo del año 2019, cuando la Unidad Especial de Informaciones Sensitivas abrió la carpeta 201900014171 en base a la información de un "testigo protegido".
En ese mismo caso, el fiscal Emeldo Márquez logró que el Juez de Garantías Erick González dictara arresto domiciliario para los ex directores de la Policía Nacional, Omar Ariel Pinzón; el del Senan, Belsio González y del Senafront, Frank Ábrego. Además se les imputó cargos.
Tanto Rolando López como Pinzón mantenían en su poder fusiles de asalto (arma de guerra) marca IWI, modelo X95, Calibre 5.56/.223 series 43806730 y 43806731. La defensa de Rolando López alega que éste la devolvió al Senafront al verificar que esa entidad era el usuario final, a pesar de que se le había donado y hasta tramitó un permiso para su uso.
El X95 es un arma modular, desarrollada por IWI para ser usada por fuerzas especiales israelíes. Un X95 puede ser fácilmente configurado como rifle de asalto, en modo compacto para combate en espacios cerrados o subfusil de 9 mm, que puede ser silenciado para operaciones encubiertas.
El fiscal Emeldo Marquez reveló que las armas eran importadas por la Fuerza Pública y quedaron en manos de particulares y exdirectivos de los estamentos de seguridad.
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