Fiscales ofrecen inmunidad ilegal a ‘Chichi’

El Ministerio Público (MP) le ha ofrecido ilegalmente inmunidad al exsecretario presidencial, Adolfo “Chichi” de Obarrio, a cambio de que este declare o realice acusaciones contra varias figuras de oposición al gobierno de turno en los casos armados por supuestos “pinchazos” y Odebrecht.

Así lo confirmaron fuentes judiciales opuestas a que la justicia se siga manipulando desde el poder del Ejecutivo, tal como se hizo en la era del expresidente Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Porcell.

Se trata de una oferta que un grupo de fiscales, entre ellos, Tania Sterling, Aurelio Vásquez y Ricaurte González, han hecho clandestinamente a De Obarrio.

Estos fiscales intentan forzar a De Obarrio a convertirse en testigo protegido en el caso de las supuestas escuchas telefónicas y Odebrecht, con una serie de ofrecimientos fuera de las normas y leyes panameñas.

Abogados advierten que se trata de una forma de fabricación de pruebas y acusaciones puesto en vigencia por la exprocuradora Kenia Porcell; maniobras irregulares que los fiscales que aún responden a ella en el Ministerio Público siguen aplicando a la vista de los dos procuradores que la han sucedido: Eduardo Ulloa y Javier Caravallo.

Se conoció que estos fiscales han enviado emisarios a Italia a entablar negociaciones con De Obarrio, haciéndole la falsa promesa de liberarlo de todos los cargos que se le endilgan.

Juristas también advierten que a ninguno de los testigos protegidos de otros casos, los fiscales le han cumplido su promesa después de haberlos utilizados para acusaciones falsas o tergiversadas.

Uno de esos casos fue el de Raúl de Saint Malo, hermano de la exvicepresidenta Isabel de Saint Malo, a quien se le ofreció un acuerdo de pena que nunca se cumplió.

Fuentes judiciales afirman que estas negociaciones con De Obarrio cuentan también con la complicidad de la magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López Arias, ya acusada de ejercer fuertes presiones a lo interno del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la programación de un segundo juicio contra el expresidente Martinelli.