Guyana hace propuesta a Panamá sobre deuda de arroz
La deuda se eleva a 1,000 millones de dólares guyaneses (unos 4.8 millones de dólares estadounidenses) y se remonta a la época de la anterior administración guyanesa, encabezada por la Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC).
Guyana anunció que estudia una propuesta amistosa de reembolso de una millonaria deuda contraída por el Gobierno de Panamá por arroz suministrado en el 2018, durante el gobierno panameñista.
El fiscal general guyanés, Anil Nandlall, explicó que están "considerando activamente" la propuesta, aunque esto significa que "es posible que Guyana tenga que renunciar a los intereses acumulados".
La deuda se eleva a 1,000 millones de dólares guyaneses (unos 4.8 millones de dólares estadounidenses) y se remonta a la época de la anterior administración guyanesa, encabezada por la Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC).
APNU+AFC firmó un contrato con el Gobierno de Panamá en 2018 para el suministro de 9,000 toneladas de arroz, pero las autoridades de Guyana solo recibieron una parte del pago acordado.
De un segundo acuerdo suscrito un año más tarde, no se obtuvo nada. Poco después, el Gobierno de APNU+AFC cayó en una moción de censura y no hizo las gestiones pertinentes para recobrar la deuda antes de dejar el poder en 2020.
Debido a esta situación, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, intervino y consiguió que el Gobierno panameño entablara conversaciones para una "resolución amistosa" del asunto, explicó Nandlall.
"La razón por la que existe una gran tentación de llegar a un acuerdo, aunque tengamos que condonar los intereses, es que puede que tengamos que gastar cientos de miles de dólares (en un proceso judicial) e, incluso después de ganar, tengamos grandes dificultades para recibir el pago del Gobierno panameño".
Guyana ya ha gastado sumas exorbitantes de dinero y tendrá que gastar sumas adicionales para intentar resolver el asunto en la Cámara de Comercio Internacional . Nandlall reveló que ya se habían gastado alrededor de 150.000 dólares en honorarios legales.
Lo que también complica la resolución del asunto, según Nandlall, es que sería difícil hacer cumplir cualquier laudo arbitral contra un gobierno.
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