Jerónimo Mejía reinventó el Derecho
El analista José Blandón Castillo resumió la actuación del magistrado de garantías como una “guerra judicial” contra Martinelli, orquestada desde el Ejecutivo.
Napoleón Bonaparte señalaba que “interpretar la ley es corromperla, los abogados las matan”. Eso se aplica a las actuaciones del magistrado “de garantías” Jerónimo Mejía y otros de sus colegas de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los pinchazos que adelantan contra el exmandatario Ricardo Martinelli.
A pesar de la renuncia al Parlacen expresada en cartas a ese organismo y realizada en persona por Martinelli en un madrugonazo, el magistrado de “garantías” rechazó declinar la competencia, dijo que la Corte mantenía el control del proceso y que la defensa no podía apelar nada.
Magistrado se limpia con la Carta Magna
La Constitución en sus artículos 155 y 206 destaca que la Corte Suprema podrá investigar y juzgar a los miembros del Parlacen. Según un principio de Derecho Público, los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les autoriza, pero ahora –según la interpretación de Mejía– los exdiputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen, podrán ser investigados y juzgados por la Corte Suprema.
En su particular interpretación, Jerónimo Mejía obvió que en el caso del exmagistrado Víctor Benavides, el asunto se inició en la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 160 de la Constitución, pero luego fue enviado a la jurisdicción ordinaria cuando el togado presentó su renuncia.
Mejía y el caso de Patria
En el caso de la ex defensora del pueblo Patria Portugal, aunque su proceso se inició en la Sala Penal de la Corte, apenas fue destituida por la Asamblea Nacional, se perdió competencia para continuar su juzgamiento. ¿Adivinen quién era parte de la Sala Penal?: el propio Jerónimo Mejía.
Tanto el caso de Benavides como el de Patria fueron tramitados de acuerdo con el Código Procesal Penal, es decir, según el Sistema Penal Acusatorio.
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Defensa, fiscal y querellante, pero magistrado se sale por la tangente
En el caso de Martinelli, por primera vez, la defensa, el magistrado fiscal Harry Díaz y los querellantes, todos estaban de acuerdo con que la renuncia implicaba pérdida de competencia. La controversia estaba en que si bastaba la comunicación de la renuncia para considerarla perfeccionada.
Sin embargo, el magistrado de “garantías” decidió que mantenía, retenía y no perdía competencia, aunque nadie le pidió eso.
Ahora bien, el magistrado fiscal Harry Díaz aceptó que no tiene competencia, pues bastaba la comunicación de la renuncia de Martinelli, pero continuará con la formulación de acusación. Si fuese consecuente con lo que dijo en la audiencia, compulsaría copia de todo a la Procuraduría, de acuerdo con las normas constitucionales y procesales, y retiraría la formulación de la acusación.
Así las cosas, todo indica que existe ya una decisión preconcebida de condenar a Martinelli a toda máquina e impedir que se postule a un cargo de elección popular, dando fuerza al argumento del exmandatario de que es un perseguido político.
Con Martinelli se han dado una serie de acciones que –según advirtió ayer el exministro y abogado José Raúl Mulino– están creando precedentes funestos.
Algo parecido sucedió con el caso del magistrado Alejandro Moncada, en el que se permitió que con el voto de dos diputados se puede detener y separar a un integrante de la Corte, lo cual es aplicable también para un presidente de la República.
Un experimentado jurista destacó como cuestionable en el caso de Martinelli:
1- Que la admisión de una compulsa de copias equivale a una imputación de cargos.
2- Que un año de detención solo se considerará si es condenado y no como un arresto provisional, a pesar de que la orden fue dictada por la propia Corte.
3- Que la renuncia a la investidura del Parlacen no implica cambio de competencia ni de jurisdicción.
4- Que sin fase de investigación abierta y cerrada, se inicia fase intermedia.
5- Que lo que decida un magistrado de garantías es inapelable.
Desde un principio, Mejía ha realizado acciones “novedosas” en el Derecho, como realizar audiencia de “comunicación de derechos”, algo que no existe en el Código Procesal Penal, pero además, el magistrado de “garantías” advirtió que solo él podía hablar cuando “El Loco” fue presentado tras su extradición.
Guerra judicial para joder a Martinelli
El analista José Blandón resumió la actuación de Mejía como una “guerra judicial” contra Martinelli. Es “injustificable e irracional” la actitud del magistrado de garantías de negarse a aceptar que ha perdido competencia para seguir conduciendo el caso de los pinchazos.
Insistir en mantener el caso en la esfera de la Corte Suprema, a pesar de la renuncia de Martinelli al Parlacen, y de negarle un recurso a la defensa, se debió a una decisión política de "joder" al exmandatario, que viene desde el Órgano Ejecutivo, sostuvo Blandón.
"¿Por qué un hombre que conoce de leyes comete tantos errores y tiene una conducta tan irracional como esta?", preguntó. "La decisión que ya tenía preestablecida es que le iba a negar el recurso de que la Corte no tenía competencia. El señor Mejía conocía que había perdido la competencia para juzgar a Martinelli".
La Corte debe retomar hoy la audiencia intermedia o de acusación en contra del expresidente Martinelli, donde se debe enumerar y valorar toda la gama de pruebas periciales, documentales y basadas en testimonios que deben ser presentadas en el juicio oral, al que se debe llamar al concluir la audiencia de acusación.
Hoy también la plenaria del Parlacen debe ser notificada de la renuncia de Martinelli.
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