Juristas piden que caso Odebrecht en Panamá siga el camino de Brasil y Perú

El uso de pruebas cuestionadas y posteriormente anuladas en otras jurisdicciones abre un nuevo debate sobre la validez de los elementos utilizados en el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli, y otros, por el caso Odebrecht.

La jueza Baloisa Marquínez tiene ante sí la posibilidad de revisar lo que abogados califican como “entuertos jurídicos” dentro del proceso Odebrecht en Panamá, tomando como referencia decisiones adoptadas en Brasil y Perú, donde evidencias relacionadas con el caso fueron desestimadas y, en algunos casos, se anularon procesos.

El abogado Omar Sing considera que estos precedentes de derecho comparado deben ser tomados en cuenta por el tribunal panameño, particularmente por tratarse de una investigación de carácter transnacional.

A juicio de Sing, Marquínez debería emitir una decisión favorable al expresidente Ricardo Martinelli, al sostener que no existen elementos suficientes para mantener la acusación por el presunto delito de blanqueo de capitales.

El jurista argumentó que, durante el proceso, la defensa logró acreditar que los fondos vinculados a Odebrecht fueron destinados a publicidad y promoción electoral. Por ello, corresponde determinar si existen elementos que permitan sustentar la responsabilidad penal atribuida a Martinelli.

“Si no enderezamos la justicia en Panamá, lastimosamente nadie va a invertir”, advirtió Sing, al destacar que la seguridad jurídica es un factor fundamental para atraer inversiones al país.

Por su parte, el abogado Basilio González cuestionó la validez de las pruebas utilizadas en el proceso y citó la doctrina conocida como “fruto del árbol envenenado”, según la cual una evidencia obtenida ilegalmente puede afectar la validez de otras pruebas derivadas de ella.

González puso como referencia una decisión del magistrado brasileño José Antonio Dias Toffoli, quien declaró inutilizables determinadas pruebas provenientes de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas al margen de la ley.

De acuerdo con el planteamiento citado por González, esas evidencias no podrían ser utilizadas en otras jurisdicciones debido a las consecuencias que generaron para personas investigadas en Brasil y otros países.

La defensa de Martinelli también sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas la posibilidad de contrainterrogar a determinados testigos, lo que, según sus abogados, habría limitado el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.

Ahora, la atención está puesta en la decisión que adopte la jueza Marquínez y en si el tribunal considerará los precedentes internacionales que cuestionan el uso de pruebas posteriormente anuladas en otras jurisdicciones.