Lili Pink: tiendas intervenidas, dueños fuera y un caso que sacude el retail
En el centro de la investigación aparecen los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, padre e hijo, señalados como figuras clave dentro del grupo empresarial vinculado a la marca.
Lili Pink fue durante años una de esas marcas que se metió fácil en la vida diaria: centros comerciales llenos, precios accesibles y expansión rápida por todo el país. Una historia de crecimiento que, vista desde afuera, parecía puro éxito del retail colombiano.
Pero ese relato cambió.
Hoy la marca está en el centro de una investigación por presunto contrabando y lavado de activos, que la Fiscalía y la DIAN vienen trabajando desde hace años y que terminó explotando con operativos en cientos de tiendas.
El día en que todo estalló
El 27 de abril de 2026 se activó el golpe más fuerte del caso. Más de 300 establecimientos intervenidos, bienes ocupados y una red de operaciones que, según las autoridades, iba mucho más allá de una cadena comercial común.
Las diligencias incluyeron tiendas, bodegas, vehículos y documentos. Algunas sucursales quedaron bajo control o supervisión estatal mientras avanza la investigación.
El expediente habla de movimientos financieros complejos, importaciones con irregularidades y estructuras empresariales conectadas entre sí.
Los dueños y la pieza central del caso
En el centro de la investigación aparecen los empresarios Max Marvin Abadi y David Abadi, padre e hijo, señalados como figuras clave dentro del grupo empresarial vinculado a la marca.
Según la Fiscalía, el crecimiento del grupo podría estar asociado a operaciones de comercio exterior, empresas interpuestas y flujos de dinero que habrían pasado por distintos países.
Las cifras bajo revisión son altas y el caso ya se ubica entre los más grandes del sector textil en Colombia en los últimos años.
La actualización más reciente: los dueños salieron del país
Uno de los datos que más ruido ha generado en las últimas semanas es que los principales señalados habrían salido de Colombia antes de algunos de los operativos más fuertes.
Esa salida, según versiones recogidas en medios judiciales, se habría dado previo a los allanamientos masivos.
Aun así, esto no los saca del proceso.
La Fiscalía los mantiene vinculados formalmente y ha dejado claro que deberán responder ante la justicia, incluso a través de audiencias virtuales o mecanismos de cooperación internacional si el caso lo requiere.
Cómo se investiga el caso desde adentro
El expediente no se basa en una sola prueba. Incluye cruces contables, análisis de importaciones, interceptaciones y movimientos de dinero que, según la investigación, no cuadrarían con la operación normal de una cadena comercial.
También se revisa la participación de empresas proveedoras, personal administrativo y estructuras logísticas que habrían servido como soporte del sistema.
Entre las hipótesis está la entrada de mercancía del exterior con reetiquetado como producto nacional y el uso de sociedades en distintos países para mover capital.
Qué pasa ahora con las tiendas
Aunque muchas sucursales siguen abiertas, el escenario no es el mismo. Algunas están intervenidas, otras bajo vigilancia, y varias operaciones siguen sujetas a decisiones judiciales.
El negocio no ha desaparecido, pero tampoco está funcionando con normalidad plena.
Todo depende de cómo avance el proceso y de lo que determinen los jueces sobre los bienes y la estructura empresarial.
Un caso que todavía no cierra
La defensa de los empresarios sostiene que todo será explicado ante la justicia. La Fiscalía, por su parte, mantiene que hay una red empresarial que debe ser esclarecida a fondo.
Mientras tanto, el caso sigue abierto, con más preguntas que respuestas públicas, y con un proceso que todavía tiene varias etapas por delante.
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