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Martinelli propone ley para castigar a gobernantes que frenen obras

El expresidente Ricardo Martinelli busca establecer responsabilidades civiles y penales contra funcionarios que detengan infraestructuras clave. Citó el caso de la Ciudad de la Salud, cuyo costo se disparó de $518 millones a más de $2,200 millones tras años de abandono.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ha puesto sobre el tapete una propuesta legislativa que promete sacudir el tablero administrativo en Panamá. Se trata de una ley de continuidad de obras públicas, impulsada por el partido Realizando Metas (RM), que busca sancionar con responsabilidades civiles y penales a presidentes, ministros y contralores que decidan paralizar proyectos heredados por razones estrictamente políticas.

El millonario costo de la "venganza política"

Para el exmandatario, la interrupción de proyectos no es solo un bache administrativo, sino un atentado contra el patrimonio nacional. Martinelli denunció que la paralización de obras genera sobrecostos astronómicos y priva a la población de servicios básicos.

Como ejemplo emblemático, señaló la Ciudad de la Salud (anteriormente Ciudad Hospitalaria). El proyecto, licitado en su gestión por $518 millones, terminó costando más de $2,200 millones tras años de parálisis en gobiernos sucesivos. "Alguien tiene que pagar por esto; no puede ser que el pueblo cargue con la factura del odio político", enfatizó.

Hospitales en el olvido y la luz en Colón

La lista de infraestructuras pendientes es larga y afecta directamente al sistema de salud. Martinelli recordó que proyectos vitales como el Hospital de Bugaba, el Hospital de Metetí y el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, siguen sufriendo las consecuencias del abandono.

Sin embargo, destacó un rayo de esperanza para la Costa Atlántica: la próxima inauguración del estadio Mariano Bula. Esta obra, iniciada bajo su mandato, será finalmente entregada por la administración del presidente José Raúl Mulino, un gesto que Martinelli calificó como un paso correcto hacia la eficiencia estatal.

Responsabilidad penal para altos mandos

La propuesta de Realizando Metas no busca solo señalar, sino castigar. La normativa obligaría a los gobernantes entrantes a dar seguimiento a la inversión pública sin importar la bandera política.

"Aquí tiene que haber una ley que responsabilice a los presidentes que no continúen las obras del presidente anterior", manifestó el líder de RM, reiterando que la continuidad del Estado debe ser una obligación legal y no un capricho del funcionario de turno.

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