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Mayer Mizrachi todavía se siente perseguido por fantasmas del gobierno de Varela

Lo que Mayer se pregunta es cómo a él todavía lo siguen investigando por el mismo hecho, en una segunda instancia, a pesar de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia "dijo que no hay caso".

Panamá- Mayer Mizrachi, creador de la empresa Criptex, aún se siente perseguido por la justicia pese a tener un fallo que declaró la nulidad absoluta y ordenó el archivo del caso que se le seguía por la supuesta comisión del delito de peculado, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Según sustentó el joven emprendedor, durante una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro, a pesar de que el caso en su contra por peculado fue archivado, aún se le sigue otro por lavado de dinero. "Esto para mí todavía no acaba, porque la injusticia y las arbitrariedades no paran luego de seis años, porque yo sigo en un proceso donde me han culpado de lavado de dinero".

Lo que Mayer se pregunta es cómo a él todavía lo siguen investigando por el mismo hecho, en una segunda instancia, a pesar de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia "dijo que no hay caso".

También dijo sentirse civilmente condenado, porque "cuando uno está siendo investigado por estos temas judiciales, penales, por temas de peculado, de lavado de dinero, no puedes abrir una cuenta de banco ni tener una tarjeta de crédito ni de débito, no puedes firmar un alquiler", tampoco puede salir del país a atender eventos internacionales de tecnología, "yo todavía no puedo ser una persona normal".

Él mismo se cuestiona qué libertad tiene "lo que tengo la razón", pues se visualiza como una "persona totalmente perseguida por los fantasmas del gobierno de Juan Carlos Varela", ya que a pesar de tener fallo a su favor en relación con la investigación que se le seguía en su contra por presunto peculado, nada ha cambiado, porque aún tiene que seguir firmando en la Corte Suprema de Justicia.

Mencionó que todos los procesos que se iniciaron en el gobierno de Juan Carlos Varela en contra de los exmiembros del exgobierno de Ricardo Martinelli se han caído, y que eso "no es coincidencia".

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Al ser cuestionados si le reclamará al Estado por lo que ocurrió, es decir si interpondrá algún tipo de demanda, Mayer respondió que nada de que él haga le va a devolver el tiempo, las lágrimas, el sueño, la paz y la tranquilidad que le robaron.

Mayer responsabiliza directa y personalmente al expresidente Juan Carlos Varela por lo que le ocurrió, y también mencionó a Irvin Halman (exadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental), Isabel Saint Malo (exvicepresidenta), Rolando López "Picuiro" (exdirector del Consejo de Seguridad), Tania Sterling (fiscal), Kenia Porcell (exprocuradora), Rogelio Saltarin (abogado), Alina Hubiedo (juez), Federico Humbert (excontralor), Álvaro Alemán (exministro de presidencia) y hasta al periódico La Prensa, entre otros.

Puntualizó que luego de seis años de un proceso legal que le ha costado al Estado panameño más 1.5 millones de dólares, incluyendo su extradición y el proceso penal en Colombia donde estuvo privado de libertad durante 6 meses, por un proyecto cuyo valor era de $200,000, "esto no tiene nombre".

Alegó que el proceso en su contra inició "traído de los cabellos", ya que a él se le acusó de peculado, pese a no ser funcionario público y a que su empresa entregó el software para proteger las comunicaciones del Estado cuya funcción era encriptarlas.

Resaltó que el software fue descargado y utilizado en los 100 equipos asignados que tenían la licencias para ello durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli, pero que durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela se dejó de usar.

También mencionó que él como creador de la plataforma tenía el "poder para auditar el tráfico y uso de la plataforma y que aunque no podía saber qué se estaba diciendo", sí podía saber si el software se estaba utilizando y se dio cuenta de que cuando cambio el gobierno, este se dejó de usar.

"No es que nunca lo instalaron, porque sino que lo hubieran hecho no me hubieran podido haber pagado el contrato -todo eso está por escrito- es que lo dejaron de utilizar", recalcó.

"Si ellos determinaron que aquí hubo una lesión patrimonial al Estado y que el contrato no se cumplió, ellos tenían que haber ejecutado la fianza de cumplimiento, pero en su lugar procedieron de manera penal, ni siquiera de manera administrativa o civil", señaló.

Mayer trajo a colación el hecho de que si el Estado hubiera seguido utilizando el software que él creó nunca se hubieran filtrado las comunicaciones del expresidente Varela, conocidas como los Varelaleaks.

Mayer se pregunta quién causó una lesión patrimonial al Estado, el contratista o el administrador público por dejar de utilizar el software que pudo haber protegido la privacidad de las comunicaciones de un expresidente cuya información fue filtrada.

A pesar de todo Mayer no descarata contrademandar a Irving Halman, exadminsitrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), porque "cuando tú querellas legalmente a una persona, tú eres penalmente responsable por el resultado que tenga ese proceso judicial".

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