Millonario contrato para conferencia de tabaco, bajo lupa por fraude
¡Escándalo! Un contrato millonario del Ministerio de Salud (MINSA) para la organización de una conferencia mundial sobre el control del tabaco, con un valor de 4.8 millones de dólares, ha sido denunciado por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, falsedad ideológica y corrupción.
La Procuraduría General de la Nación investiga las acusaciones que apuntan a la adjudicación del evento celebrado en febrero en el Panamá Convention Center.
El contrato, otorgado a la Sociedad SMG Latinoamérica LLC, responsable de administrar el centro de convenciones, fue aprobado por el Consejo de Gabinete del expresidente Laurentino Cortizo en enero de 2024 y refrendado por la Contraloría el 2 de febrero. Sin embargo, la denuncia señala que el proceso estuvo plagado de irregularidades que habrían impedido la participación de otros oferentes, vulnerando la transparencia y la libre competencia.
El denunciante al frente del caso
La acción legal fue interpuesta por Hitler Cigarruista, presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, el pasado 13 de septiembre.
Cigarruista acusa que el procedimiento de contratación fue manipulado en el sistema Panamá Compra, donde supuestamente se alteraron datos para incluir la documentación fuera de los plazos legales.
Entre los delitos señalados en la denuncia, se mencionan la falsedad ideológica, fraude y violación a la seguridad informática. Según el denunciante, se modificaron fechas en la plataforma digital para hacer parecer que el procedimiento fue publicado en octubre de 2023, cuando realmente se subió en enero de 2024.
Denuncia en medio de críticas por manejo de fondos
La millonaria contratación ha generado más controversias, especialmente al compararse con la crisis presupuestaria que enfrenta el Instituto Oncológico Nacional. Mientras este centro lucha con recortes, el MINSA destinó casi 5 millones de dólares a la organización de un evento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que ha levantado suspicacias en distintos sectores.
El futuro del proceso judicial ahora depende de las investigaciones que realice la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si hubo responsables y proceder con las sanciones correspondientes.
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