Ministro Moltó escucha a mineros
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recorrió los municipios de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada para conocer de primera mano la situación de los trabajadores, las comunidades y los proveedores vinculados a la actividad minera, como parte del trabajo que desarrolla la Comisión Interministerial.
Durante la gira, Moltó conversó con trabajadores de la mina, quienes expusieron sus experiencias, preocupaciones y la importancia que representa esta actividad para ellos, sus familias y las comunidades de la zona.
Según la información recibida durante el recorrido, la actividad minera actualmente autorizada por el Gobierno genera alrededor de 3,200 empleos directos y más de 3,000 indirectos. Del total de la fuerza laboral, el 91% es panameña, mientras que el 48% proviene de municipios cercanos y el 17% corresponde a mujeres profesionales y técnicas.
En Coclesito, el ministro sostuvo un encuentro con autoridades locales, quienes expusieron las dificultades económicas y sociales que enfrentan las comunidades, así como la necesidad de agilizar el uso de los recursos provenientes de las regalías generadas por el concentrado de cobre exportado.
Las autoridades plantearon que estos fondos sean destinados a obras y proyectos que permitan atender las necesidades de las comunidades de la zona.
La gira también incluyó el distrito de La Pintada, donde Moltó se reunió con representantes de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).
De acuerdo con la información proporcionada, el 68% de los proveedores vinculados a la actividad minera son pequeñas y medianas empresas de los municipios de la zona. Muchas de estas empresas aseguran haber logrado mantener puestos de trabajo gracias al procesamiento del material ya extraído y autorizado por el Gobierno.
El recorrido permitió al ministro obtener una visión más cercana de la realidad económica y social de los municipios vinculados a la actividad minera, así como de las preocupaciones de trabajadores, empresarios y comunidades.
El Gobierno reiteró que las decisiones que se adopten sobre esta actividad deberán tomar en cuenta el impacto sobre las personas, las familias, los trabajadores y las comunidades directamente relacionadas con la actividad minera.
