Mulino firma presupuesto y Cedeño prepara demanda

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionará este lunes el Proyecto de Ley No. 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional la semana pasada.

Sin embargo, el documento no está libre de cuestionamientos. El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, anunció que demandará por inconstitucional el artículo 370 del proyecto, una vez sea sancionado por el mandatario.

El presupuesto contempla B/.12,839.7 millones para inversiones, equivalentes al 36.6% del total, mientras que B/.22,272 millones se destinarán a gastos de funcionamiento, que representan el 63.4%.

Además, incluye un ajuste de B/.186.83 millones avalado por el Órgano Ejecutivo, como parte de las recomendaciones formuladas previamente por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Van a demandar

El diputado Cedeño explicó que votó en contra del artículo 370 del citado proyecto de ley porque considera que abre la puerta a posibles irregularidades en las contrataciones públicas.

Según el parlamentario, la disposición permite que numerosas instituciones del Estado, incluidos municipios y ministerios, puedan recurrir a mecanismos especiales de contratación cuando aleguen urgencia o prioridad en determinados asuntos de interés público.

Su principal preocupación es que esta flexibilidad pueda facilitar negocios entre empresas y funcionarios, mediante invitaciones a proveedores en las que, eventualmente, termine participando un solo interesado.

Cedeño advirtió que este mecanismo podría prestarse para favorecer a empresas vinculadas con políticos, especialmente en los gobiernos locales, y abrir espacio a posibles beneficios económicos indebidos.

Calificó la disposición como una amenaza a la transparencia y aseguró que la objetó durante los debates legislativos.

El diputado adelantó que, tan pronto Mulino sancione el presupuesto, presentará ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 370, al considerar que generaliza excepciones en materia de contratación y deja de lado el principio de licitación pública.

Además, cuestionó los recortes presupuestarios a la administración de justicia, particularmente al Órgano Judicial y al Ministerio Público, y sostuvo que deben respetarse la Constitución y el Estado de derecho.