Mulino sanciona la Ley de Abogacía, pese a las controversias
La Ley 500 establece que el examen de la barra será opcional para los egresados de Derecho y Ciencias Políticas, en lugar de ser un requisito obligatorio como lo estipulaba la Ley 350.
El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, sancionó ayer la Ley 500, que modifica y deroga artículos de la Ley 350 de 2022, la cual regula la profesión de abogacía en el país.
Esta nueva legislación fue aprobada en un contexto de tensión política, tras un intenso debate entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. El mandatario había vetado el proyecto de ley el pasado 17 de septiembre, señalando que la propuesta "menoscababa la profesión" al flexibilizar los requisitos para ejercer la abogacía.
Sin embargo, el 21 de octubre la Asamblea Nacional aprobó la ley por insistencia, lo que obligó al presidente a sancionarla.
La Ley 500 establece que el examen de la barra será opcional para los egresados de Derecho y Ciencias Políticas, en lugar de ser un requisito obligatorio como lo estipulaba la Ley 350.
A pesar de esta flexibilización, se mantienen los estándares éticos y académicos para el ejercicio de la profesión, conforme a lo establecido en la ley anterior.
El presidente Mulino expresó su preocupación por esta reforma, destacando que la eliminación de requisitos podría generar desconfianza en la ciudadanía y afectar los principios éticos fundamentales de la abogacía.
Además, criticó que la nueva normativa elimina la competencia de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, que, bajo la Ley 350, tenía la facultad de administrar el examen de la barra.
Este cambio en la normativa refleja la división entre el Ejecutivo y la Asamblea sobre el futuro de la profesión legal en Panamá, con implicaciones tanto en la calidad de la formación de los abogados como en la percepción pública de la profesión.
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