Pacientes no pueden elegir cómo morir. Eutanasia sigue prohibida en Panamá
En medio de ese escenario, el país tampoco tiene un debate abierto ni avances legislativos claros sobre la llamada muerte digna,
Panamá sigue siendo uno de los países donde la eutanasia está totalmente prohibida y, en la práctica, se considera una forma de homicidio según la legislación vigente.
Aunque existen figuras como la ortotanasia —que permite rechazar tratamientos en fase terminal— no se admite la eutanasia activa, dejando a los pacientes sin esa opción legal.
En medio de ese escenario, el país tampoco tiene un debate abierto ni avances legislativos claros sobre la llamada muerte digna, a diferencia de otras naciones de la región. El tema aparece de forma esporádica, pero sin propuestas firmes que avancen en la Asamblea o generen cambios concretos en la ley.
A partir de ahí, el panorama en Latinoamérica es desigual frente a la eutanasia. Mientras algunos países avanzan, otros siguen estancados o directamente la prohíben sin discusión.
Uruguay se convirtió en 2025 en el primer país en autorizar la eutanasia mediante una ley de muerte digna, ya reglamentada, lo que permite a pacientes terminales solicitar el procedimiento bajo condiciones específicas.
En Colombia, la práctica fue despenalizada desde 1997, aunque su aplicación real comenzó años después con protocolos médicos definidos. Con el tiempo, incluso se amplió el derecho a más casos, incluyendo pacientes no terminales en ciertas condiciones.
Ecuador dio un paso similar en 2023 al despenalizar la eutanasia y ordenar su regulación, mientras que en Perú sigue prohibida en general, pero con excepciones puntuales avaladas por la justicia.
Otros países como Chile, México y Brasil mantienen la eutanasia ilegal, aunque con proyectos, debates o figuras como la voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos, lo que se conoce como eutanasia pasiva.
En contraste, naciones como El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua la prohíben sin discusión activa, manteniendo sanciones penales claras.
Así, la región avanza a ritmos distintos frente a un tema que sigue generando choque entre lo legal, lo médico y lo humano: el derecho a decidir cómo morir.
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