Panamá Ports pagará $164.4 millones, más $800 millones en 25 años
La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) -de manera unánime- autorizó extender por otros 25 años a Panamá Ports Company (PPC) la concesión sobre los puertos de Balboa y Cristóbal.
Se destaca que se gestionó un pago de $130 millones por dividendos, $20 millones en concepto de responsabilidad social, más $14,464,491.35 por tarifas desde el 1 de julio de 2019, lo cual totaliza un ingreso de 164 millones 464,491.35 dólares.
Para los próximos 25 años, PPC deberá pagar al Estado en concepto de dividendos un mínimo de $7 millones anuales, el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas y actualizadas las tarifas por movimiento de contenedores de todas las terminales de contenedores de Panamá las cuales serán efectivas a partir del 2022.
Basados en las proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato en mención, se estiman ingresos al Estado, superiores a los $800 millones durante los próximos 25 años, resaltó la AMP.
Según la AMP, la concesionaria ha pagado en concepto de tasas y tarifas 444 millones 978,979.60 dólares ha realizado una inversión de 1,696 millones 546,955 dólares y ha pagado en concepto de dividendos $9 millones en administraciones anteriores,
La Contraloría reveló que por la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, Panamá Ports logró ingresos acumulados por 4,345 millones 775 mil dólares
Desde 1997 al 2019, PPC realizó desembolsos por 3,435 millones 784 mil dólares con una utilidad acumulada por 909 millones 991 mil dólares.
El contrato original contenido en la ley 5 de 16 de enero de 1997 establecía que el Estado recibiría una participación accionaria totalmente pagada y liberada equivalente al 10% del capital y una anualidad fija de $22.2 millones.
Mediante la Adenda No. 1 del 1 de diciembre del 2005 aprobada por el gobierno panameñista, se aprobó una equiparación y con ésta se exoneró a Panama Ports de pagar los $22.2 millones anuales, quedando válida la obligación de cubrir al Estado el 10% de utilidades en su condición de accionista y se comprometía a realizar una inversión de $1,000 millones para aumentar la capacidad de Balboa y Cristóbal.
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