¡Pillados! Contraloría retiene 11 autos oficiales por uso indebido en Carnaval
La Contraloría General de la República presentó el balance del operativo de Carnaval 2026. Tras inspeccionar más de 1,500 vehículos del Estado, se reportaron retenciones, autos abandonados en lavautos y buses de la Junta Comunal de Tocumen bajo investigación.
Mientras la mayoría de los panameños disfrutaba del culeco y la farsa, la Contraloría General de la República no bajó la guardia. En un balance presentado tras los días de fiesta, la entidad reveló que el operativo nacional “Verificación Vehicular / Carnaval 2026” terminó con la retención de 11 vehículos del Estado que circulaban sin cumplir las reglas del juego.
Durante las jornadas del 13, 14, 17 y 18 de febrero, los inspectores se desplegaron por todo el país para ponerle la lupa al uso de vehículos del Estado. El despliegue fue masivo: se revisaron 1,562 autos oficiales en total. Aunque la gran mayoría (un 91.4%) portaba sus papeles en regla, el ojo clínico de los fiscalizadores detectó 123 unidades con fallas administrativas y procedió con la retención de 11 vehículos por faltas consideradas graves.
Un carro del MIDA "olvidado" en el lavauto
Entre los hallazgos que más indignación han causado, destaca un caso que raya en el descaro. Los inspectores localizaron un vehículo perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) que fue prácticamente abandonado en un autolavado. Según los reportes, el auto permanecía en el establecimiento desde el inicio del operativo, una situación que ya está bajo la lupa de las autoridades para determinar quién era el responsable de dicho bien.
Dudas en Churuquita Grande: El caso de los buses de Tocumen
La provincia de Coclé tampoco escapó de la fiscalización. En el sector de Churuquita Grande, en Penonomé, las unidades de la Contraloría interceptaron dos buses oficiales rotulados con la identificación de “JC Tocumen” (Junta Comunal de Tocumen).
A pesar de que los conductores presentaron sus respectivos salvoconductos, los documentos estaban "flojos": no detallaban la misión oficial que justificara el viaje ni especificaban quiénes eran las personas autorizadas para ir a bordo. Ante esta falta de claridad, el caso pasó de inmediato a una evaluación administrativa profunda para deslindar responsabilidades.
Con estas acciones, la Contraloría busca enviar un mensaje claro: los recursos del pueblo son para trabajar, no para "carnavalear". La entidad aseguró que mantendrá el seguimiento de estos expedientes para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos que tanto exige la ciudadanía.
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