PPC: lecciones, legalidad y el futuro portuario de Panamá
Hay que ordenar el sector logístico y no repetir errores del pasado.
Panamá tiene hoy una gran oportunidad: ordenar su sector logístico para que no se repitan los errores del pasado y fortalecer uno de los pilares más importantes de nuestra economía.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en torno al contrato de Panama Ports Company nos llama a hacer las cosas mejor, con reglas claras, transparencia y visión de largo plazo.
La logística representa cerca del 11.8% del Producto Interno Bruto, genera miles de empleos directos e indirectos y posiciona a Panamá como un hub estratégico en el comercio mundial. Movemos alrededor de 10 millones de TEUs al año y somos un centro de conexión clave entre continentes.
Cada decisión que se toma en este ámbito impacta la confianza de los inversionistas, la estabilidad jurídica y la competitividad del país.
Hace tres décadas, cuando se concesionaron los puertos de Balboa y Cristóbal, el contexto era completamente distinto. Panamá se preparaba para la reversión del Canal y necesitaba inversión urgente para modernizar infraestructuras deterioradas. Aquella decisión respondió a una realidad económica concreta. Hoy el escenario es otro. Somos una plataforma logística consolidada, pero tanto la competencia en la región, como nuestro deseo de crecer y evolucionar, nos retan a elevar nuestros estándares. Debemos superarnos, no solo para ser competitivos, sino para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos.
Los cambios contractuales posteriores que generaron cuestionamientos y terminaron en los tribunales nos dejan una lección clara: la seguridad jurídica no se negocia y las reglas deben ser sólidas desde el inicio. Como jurista, tengo la convicción de que la estabilidad de un país se construye sobre el respeto a la ley, pero también sobre la correcta estructuración de los contratos. Cuando las reglas son claras, no hay espacio para interpretaciones que debiliten la institucionalidad.
Sabemos que las nuevas concesiones que se licitarán para los puertos de Balboa y Cristóbal se están estructurando bajo parámetros y requisitos de última generación. Esta experiencia no solo debe servir para modernizar esas concesiones específicas, sino también para impulsar la creación de un nuevo marco legal robusto que abarque todos los puertos y la infraestructura marítima y logística del país. Este marco debe garantizar estándares más altos, promover la competitividad, y asegurar que los beneficios generados por esta actividad se distribuyan de manera equitativa. Además de garantizar procesos de licitación abiertos y transparentes, criterios técnicos definidos y mecanismos de fiscalización que garanticen que cada concesión genere inversión, empleo, transferencia de conocimiento y beneficios reales para el país.
Requerimos madurar institucionalmente. Lo que debilita la reputación es no cambiar e insistir en mantener esquemas que generan dudas. Este es el momento de enviar un mensaje firme al mundo: Panamá respeta los contratos, pero también exige que se respeten. Somos un país abierto a la inversión, comprometido con la legalidad y decidido a fortalecer su institucionalidad.
Desde APEDE asumimos este proceso con una postura constructiva, vigilante y propositiva. La logística seguirá siendo motor de crecimiento y generación de empleo, pero debe construirse sobre bases sólidas. Las decisiones que tomemos hoy marcarán la competitividad de las próximas décadas. Tenemos la oportunidad de hacerlo bien y no podemos dejarla pasar.
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