Presidente hablará al país sobre escándalo en albergues del Estado

El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, se pronunciará esta tarde sobre los casos de abusos y maltrato en albergues.
Así se anunció a través de las redes sociales del Estado.
Las autoridades de Panamá han pedido el cierre de los albergues que hayan incurrido en "faltas muy graves", en medio del escándalo desatado por un informe parlamentario que denunció abuso sexual y maltrato físico y psicológico contra los menores en esas instalaciones supervisadas por el Estado.
La supervisión y monitoreo de las instituciones de protección de menores como casa hogares y albergues, tanto públicas como privadas, es responsabilidad de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la institución pública en el ojo del huracán por este escándalo de abusos.
Fue la Junta Directiva de la Senniaf, integrada por los ministerios de Desarrollo Social (Mides); Educación (Meduca); del Trabajo (Mitradel); Salud (Minsa); y de Economía y Finanzas (MEF), entre otros, la que pidió la clausura de los albergues.
El organismo informó mediante un comunicado que solicitó "a la Senniaf el cierre inmediato de los albergues a nivel nacional que como resultado del proceso de supervisión hayan incurrido en faltas muy graves de acuerdo con lo establecido en las normativas vigentes, y proceder con el correspondiente traslado de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en ellos".
Esta clausura también la pidieron las diputadas de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), que entregaron el informe que documenta los abusos contra los infantes al Ministerio Público, que ya ha abierto investigaciones.
La directora Mayra Inés Silvera, dijo este martes a los periodistas que "a la fecha 8 albergues se han cerrado y vamos a continuar de manera enérgica", sin precisar cuándo se dieron esas clausuras ni cuáles instituciones fueron sometidas a la medida.
Silvera, que asumió el cargo el pasado enero, expresó su "indignación" por los abusos a menores denunciados y prometió que serán tomadas "todas las medidas y acciones de inmediato" para subsanar la situación, que tildó de "aberrante".

 

El informe, presentado la semana pasada y entregado el lunes a la Fiscalía, denuncia que decenas de niños y niñas, muchos con algún grado de discapacidad, fueron víctimas de abusos sexuales, maltratos psicológicos y físicos, incluida mala alimentación y condición de vida deplorable, desde 2017 en al menos 14 albergues bajo la supervisión del Estado.
"Esta es una situación bastante grave", declaró el fiscal general, Eduardo Ulloa, que recalcó que los albergues en Panamá están "en su gran mayoría" manejados "por instituciones privadas, muchas de la cuales reciben subsidios" públicos, de allí que "tiene que ser supervisados por el Estado, para garantizar que los menores reciban la atención requerida".
Unas 53 instituciones de protección son supervisadas por la Senniaf a nivel nacional, según datos publicados en la página web del organismo, que ha dicho que en el 2020 presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el albergue Funchipa, situado en la periferia capitalina, por "delito contra la administración pública".
Ulloa dijo que hay tres investigaciones abiertas: una que data de agosto de 2020 contra un albergue situado en la periferia capitalina y "que está en curso"; otra iniciada de oficio tras la presentación la semana pasada del informe parlamentario, y una tercera por presunto "abuso de menores" por el caso de una niña que escapó el viernes pasado de ese mismo albergue.
El fiscal general no descartó que se abran más investigaciones, no solo por los abusos contra los menores sino también por corrupción.