Procurador: 196 auditorías, 2 muertes y 1 solo preso por auxilios

El Procurador General de la Nación, Luis Góme  confirmó que van 196 auditorías pedidas a la Contraloría General por los escándalos de la descentralización paralela.

“Los delitos investigados son graves, hablamos de peculado doloso agravado por el tipo de fondos involucrados, que son de carácter social”, explicó el procurador en el programa Cara a Cara. 

Ya hay 30 informes de auditoría en manos del Ministerio Público, y 27 de ellos revelan lesión patrimonial, mientras que solo 3 no mostraron afectaciones. “Estamos hablando de delitos con penas entre 8 y 15 años de prisión”, advirtió Gómez. 

IFARHU: lesionaron $24 millones y solo hay un detenido

Otro frente caliente es el IFARHU, donde hay cuatro procesos abiertos, incluyendo uno por blanqueo de capitales y otro por enriquecimiento injustificado. Lo más escandaloso: una sola persona está detenida pese a que hay una lesión patrimonial que ronda los $24 millones de dólares.

Durante la administración de Laurentino Cortizo, estalló el escándalo al revelarse que familiares de ministros, políticos y figuras públicas se beneficiaron con auxilios económicos estudiantiles otorgados por el Ifarhu.

“Hay más de 140 tomos y casi 900 expedientes de particulares investigados, algunos que ni siquiera estudiaron, otros con documentos incompletos y otros que simplemente recibieron plata sin justificar”, detalló.

Según el procurador, el caso de blanqueo de capitales es extremadamente complejo, con múltiples exfuncionarios y particulares vinculados. El MP está revisando cada expediente uno por uno.

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Muertes en Bocas: Ministerio Público investiga a fondo

Sobre las muertes ocurridas en Bocas del Toro durante las protestas de junio, el procurador confirmó que se investiga la muerte de un joven con impacto de bala en medio de enfrentamientos confusos entre manifestantes y policías.

Además, está en curso la investigación por la muerte de la niña Michell Becker, quien fue sepultada sin que se haya realizado autopsia, y cuya causa de muerte fue atribuida inicialmente a un cuadro respiratorio provocado por gases lacrimógenos.

“El MP pidió permiso a la familia para exhumar el cuerpo, pero se negaron, así que se solicitó autorización judicial. La exhumación está programada para este mes de agosto”, aseguró el procurador.