Procurador teme ante recorte del presupuesto
Las estadísticas de criminalidad suben un 10%, según confirmó el procurador general de la Nación
El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy dijo que el Ministerio Público necesita un presupuesto de $224,416,287 para el año 202. Sin embargo la recomendación oficial quedó en $198,791,150, un recorte que, según advirtió, compromete la persecución penal y la atención a las víctimas.
Además, aseguró que ante la falta de prespuesto se "limita su capacidad de garantizar justicia eficaz y oportuna a todos los panameños".
Gómez Rudy ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional señaló que las estadísticas de criminalidad suben un 10% y destacó la necesidad de reforzar el Ministerio Público con más recursos, nuevas fiscalías y mejoras en la atención a las víctimas.
Gómez señaló que es urgente la creación de la Fiscalía Segunda Superior de Asociación Ilícita (Antipandillas), ya que actualmente solo existe una en Panamá y otra en Colón, a pesar de que en el país operan unas 180 pandillas entre núcleos y células.
También pidió una Tercera Fiscalía contra la Delincuencia Organizada, que permita atender causas complejas vinculadas a corrupción y crimen organizado.
A esto se suma la propuesta de una Fiscalía contra la Ciberdelincuencia, respaldada por la Ley 478 de 2025, que establece nuevas conductas y tipologías penales en el ámbito digital. Según Gómez, debe haber coherencia entre la aprobación de leyes y la existencia de fiscalías capaces de enfrentarlas.
El procurador planteó la necesidad de ajustes salariales para psicólogos y trabajadores sociales del Ministerio Público, a quienes consideró claves en la atención a las víctimas. Recordó que los psicólogos llevan 8 años sin aumentos, mientras que los trabajadores sociales acumulan 18 años sin mejoras salariales.
Gómez también advirtió sobre la crisis de infraestructura en la sede regional de Chiriquí, dañada hace más de 10 años por un sismo. El personal fue reubicado en tres edificios distintos, y el 60% trabaja en un local de la Cadena de Frío, inadecuado para la atención de casos y víctimas.
Señaló que se solicitaron más de $200 mil para remodelar el edificio, pero solo se aprobaron $20 mil, a pesar de que Chiriquí es la tercera provincia con mayor índice de criminalidad en el país.