Proyecto de ley autorizaría instalar plantas nucleares en Panamá

Un proyecto de ley sobre movilidad eléctrica que hoy se consultó en la Asamblea Nacional, plantea imponer una tasa anual a cada conductor de vehículos impulsados por combustibles fósiles, llamado "Impuesto al Carbono", que sería cobrado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, a través de los municipios. De convertirse en ley, el proyecto de ley No. 162, que impulsa el diputado Erison Broce, también abriría el compás para el establecimiento de plantas de energía nuclear en Panamá.

El artículo 22 del proyecto muestra una tabla con el monto que se cobraría a cada dueño de vehículo de combustión, dependiendo de su consumo. Los vehículos que quemen hasta 7 litros de gasolina por cada 100 kilómetros pagarán un impuesto al consumo de $5 al año. Para los autos entre 8 y 13 litros por cada 100kms, el impuesto sería de $10 y para los que consumen de 14 litros/100km en adelante, $20.

 

Por otro lado, el artículo 23 dice textualmente lo siguiente: "Se faculta el establecimiento de plantas de energía nuclear para el abastecimiento de la demanda nacional y de las estaciones de carga de vehículos eléctricos, cumpliendo con los estándares del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y las Tecnologías Nucleares en América Latina y el Caribe, propuesto por el Organismo Internacional de Energía Atómica y ratificado por el gobierno nacional. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) y la Secretaría Nacional de Energía (SNE), tendrán la facultad de establecer las reglamentaciones y estándares para el desarrollo de este mercado".

El proyecto adicionalmente propone que el 40% de la flota de transporte público en el país haga la transición a vehículos eléctricos, a más tardar al año 2030.

"La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) establecerá un proceso de reemplazo gradual de concesiones, cupos y certificados de operación de transporte público masivo y selectivo cuya fuente energética sean combustibles fósiles, por concesiones, cupos y certificados de operación para sistemas de transporte eléctricos", reza el artículo 7.

Un mínimo del 50% de la flota de vehículos del Estado también debería también pasar a vehículos eléctricos.