¿Quién pagará la planilla? preguntan obreros de mina
Los trabajadores de la Minera Panamá demandaron respuestas sobre su situación laboral ante la incertidumbre por la firma de un contrato con la filial de la canadiense First Quantum y el Gobierno.
Francisco Díaz, dirigente de ese gremio, tras reunirse con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, dijo que no encontraron satisfechas sus demandas de quién asumiría los pagos de salarios a casi seis mil empleados en caso de cierre de las operaciones.
La semana pasada la empresa confirmó uno de los mayores temores entre los operarios de la mina y es que de no lograr un acuerdo que evite la implementación del plan de mantenimiento y cuido, tendrá que suspender un número significativo de plazas.
“Le preguntamos a la ministra si el Gobierno asumirá los pagos o quién sería el responsable de cumplir con las obligaciones financieras de darse la suspensión de contratos”, manifestó el sindicalista.
Ante la interrogante, según Díaz, la funcionaria explicó que por el momento no tenía una respuesta, debido a que la empresa no ha agotado los recursos que le permite la ley para detener lo ordenado por la resolución emitida por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Díaz indicó que la empresa no les ha comunicado el número de contratos que serían suspendidos de ejecutarse la orden de cierre de las operaciones comerciales, ya que todos los días hay nuevos elementos que modifican el estado de las conversaciones que se mantienen con el Gobierno para lograr un acuerdo.
La empresa asegura que mensualmente paga más de $22 millones de salarios.
Denuncian a minera
En tanto, el abogado Roberto Ruiz Díaz interpuso ayer una denuncia penal contra la empresa Minera Panamá para que se le investigue por la supuesta comisión de delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.
Ruiz Díaz argumenta que Minera Panamá ha realizado extracciones ilegales de recursos naturales de Panamá y ha cometido defraudación fiscal, al explotar la mina sin un contrato vigente, dado el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que declaró la Inconstitucionalidad del Contra Ley No 9 de 1997”.
El abogado solicitó además a la Dirección General de Ingresos (DGI) que investigue a la minera por la supuesta defraudación fiscal, ya que asegura que han estado explotando la mina de manera ilegal sin pagar tributos al Tesoro Nacional.
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