Relator de la ONU viene a Panamá por tema de migración por Darién
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Madi estará en Colombia del 6 al 12 de febrero y en Panamá del 13 al 19 del mismo mes.
El relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, realizará visitas oficiales a Colombia y Panamá en febrero de 2025 para observar de cerca la situación que enfrentan los migrantes que cruzan la selva del Darién y recolectar información para presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2025.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Madi estará en Colombia del 6 al 12 de febrero y en Panamá del 13 al 19 del mismo mes. Las visitas incluirán encuentros con autoridades, organizaciones de derechos humanos y activistas para recabar información sobre las políticas migratorias y el marco legal existente en ambos países.
El relator especial ha invitado a organizaciones, activistas y otras partes interesadas a presentar comentarios y contribuciones sobre los riesgos enfrentados por los migrantes, incluidas amenazas derivadas del entorno salvaje y actividades del crimen organizado, como la trata de personas. Estas aportaciones serán consideradas en el informe oficial.
Durante su recorrido, Madi también buscará información detallada sobre los programas y políticas de protección de derechos humanos en Colombia y Panamá. Los informes finales de estas visitas serán presentados en la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se llevará a cabo en junio y julio de 2025.
En tanto un reporte del portal De Justicia destaca que aproximadamente el 70% de los venezolanos que han salido de su país se habían dirigido hacia Colombia, Perú, Ecuador o Chile. Los flujos a través del Darién pueden caracterizarse como un proceso de remigración, pues algunas encuestas indican que la mayoría de los venezolanos que cruzan la selva no están migrando por primera vez, sino que vivían en alguno de estos cuatro países receptores. Esto podría atribuirse, entre otras causas, a la incapacidad institucional para ofrecer canales de regularización accesibles para los migrantes y al aumento de los requisitos de visas y asilo, lo que ha estimulado este segundo éxodo.
Inicialmente, Chile, que ha recibido a casi 500.000 migrantes venezolanos, adoptó una actitud acogedora hacia los venezolanos. A medida que aumentaron los flujos migratorios, crecieron las restricciones migratorias y, para septiembre de 2023, no existían canales de regularización para las personas que ingresaban al país sin documentos.
En Perú y Ecuador, muy pocos migrantes han podido obtener la residencia permanente, debido a condiciones restrictivas como los altos costos o los requisitos de documentación. Sin un estatus regularizado, los migrantes venezolanos permanecen en una posición económica precaria, sin acceso a servicios públicos o incluso a empleos formales. Se puede decir que la crisis migratoria por la selva colombo-panameña se agravó debido a la falta de políticas efectivas en los países latinoamericanos para integrar económicamente a los migrantes, lo que ha empujado a muchos migrantes a buscar mejores oportunidades económicas en Estados Unidos.
El aumento de los requisitos de visa para venezolanos en los últimos años, influenciado en parte por la política estadounidense de contención migratoria, explica estos flujos migratorios por el Darién. Hoy en día, los venezolanos no pueden ingresar regularmente a ningún país centroamericano sin visa. Esto, a pesar de estudios que han demostrado que estas restricciones de visa para venezolanos en Chile, Ecuador y Perú solo aumentaron las entradas irregulares y retrasaron la integración económica de los migrantes.
Sin embargo, las restricciones de visas, y la militarización de la frontera, son parte de las tácticas estadounidenses para contener la migración al sur de su frontera; la decisión de México de exigir visas para venezolanos en 2022 se tomó bajo presión de EE. UU. y sirve como ejemplo de la externalización de las políticas migratorias estadounidenses.
En julio de este año, con vuelos financiados por Estados Unidos, Panamá ha deportado a migrantes indios, ecuatorianos y colombianos del Darién . Esto parece comprometer sus obligaciones internacionales de no devolución y se trata a los migrantes como amenazas a la seguridad nacional, en lugar de personas vulnerables.
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