Rico Pineda sale de la cárcel y queda en arresto domiciliario
La Fiscalía no logró comprobar su participación en tráfico de drogas ni en blanqueo de capitales.
A 18 meses de iniciarse la investigación, a Abraham "Rico" Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, le fue reemplazada la medida cautelar de detención provisional por la de casa por cárcel.
Ahora, en lugar de permanecer en detención provisional, deberá cumplir su arresto en casa. La decisión pone fin a meses de incertidumbre y marca un giro importante en el caso.
Familiares y allegados recibieron con alivio la resolución, que confirma que por ahora no hay pruebas que lo vinculen a los delitos investigados.
“Rico” Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024 por agentes de la Policía Nacional frente a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora, en la capital.
Ese mismo día su aprehensión fue legalizada por un juez, quien le impuso detención provisional y le formuló cargos por blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas dentro de la llamada Operación Jericó.
La operación fue el resultado de una investigación de la Fiscalía de Drogas en la que se buscaba desarticular una red criminal supuestamente dedicada al tráfico internacional de estupefacientes y lavado de dinero.
La Operación Jericó es un expediente que arrancó el 30 de junio de 2023 y acumuló investigaciones, interceptaciones y allanamientos en varias provincias del país, apuntando a una estructura que, según el Ministerio Público, movía drogas y capitales ilícitos.
En ese contexto, la Fiscalía imputó a Rico Pineda alegando que habría utilizado empresas como Servicios Múltiples Rama para blanquear fondos presuntamente provenientes del narcotráfico, con base en transcripciones de escuchas telefónicas y análisis financieros.
Desde su captura en agosto de 2024 y durante los meses siguientes, Rico Pineda estuvo detenido en el centro penitenciario El Renacer cumpliendo detención provisional mientras avanzaba la investigación penal, en medio de solicitudes de la defensa para cambiar su medida cautelar por otra menos restrictiva.
Esa situación se mantuvo hasta que, tras casi 17 meses de proceso, el Tribunal Superior de Apelaciones decidió finalmente modificar la medida a arresto domiciliario, después de que la Fiscalía no lograra probar los cargos en su contra.
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