Varela pide anular ley de "superblindaje" para funcionarios

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de su país la anulación de una polémica ley de "superblindaje" ante la Justicia para funcionarios públicos que él había vetado y que aún así fue aprobada en el Congreso. El gobernante presentó el pasado lunes mediante sus abogados un "recurso de objeción por inexequibilidad (no se puede ejecutar)" contra cuatro artículos de la ley 214 del pasado 29 de octubre, con la que los diputados dificultan la investigación judicial contra altos funcionarios, informó hoy el diario local La Prensa. Varela pidió que se declare inconstitucional cuatro artículos del proyecto de ley 214 del 29 de octubre de 2015, conocido como "ley superblindaje", ya vetada y devuelta el pasado 15 de octubre a los diputados por el gobernante por la misma razón, pero que el Legislativo volvió a aprobar por insistencia el 29 de octubre. Al ser aprobada por insistencia, la ley es remitida automáticamente al máximo tribunal para que decida si es constitucional o no. El presidente "presentó el recurso a través de sus abogados ante la Secretaría General de la CSJ el pasado lunes. El mandatario solicitó la inconstitucionalidad de los artículos 1, 5, 10 y 12 del proyecto de ley 214", añade el rotativo. Esos artículos establecen un plazo de cuatro meses para investigar procesos penales contra el presidente de la República, los magistrados de la CSJ y los diputados, a lo que se puede agregar otros dos meses si es muy complejo el caso. Además, exigen que las denuncias y querellas aporten elementos de convicción que vinculen al funcionario señalado, según La Prensa. El mandatario considera "discriminatorias" esas prerrogativas, crean privilegios y "atentan contra la presunción de inocencia". Indicó que para el resto de la sociedad, el plazo es de seis meses y puede extenderse de uno a dos años en caso de investigación compleja. De acuerdo con ese criterio, solicitó a la CSJ que declaré inconstitucional los cuatro artículos, porque "se pretende establecer un estado privilegiado a los funcionarios de alta jerarquía dentro de los tres órganos del Estado a la hora de ser sujetos a una investigación penal". El recurso presentado por el gobernante quedó en manos del magistrado Oyden Ortega, quien también presentó meses atrás una advertencia de inconstitucionalidad contra la versión original de la misma norma, que el pleno de magistrados aún no resuelve. El lunes pasado, Ortega pidió a sus colegas del pleno que resuelvan sin dilación la demanda que él presentó el 2 de julio pasado. La CSJ tiene pendiente resolver otras tres demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 55 de 2012 (llamada ley blindaje), que está vigente y otorga un plazo de dos meses para investigaciones a diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Ortega interpuso la demanda como fiscal de la investigación al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional. Ese proceso está paralizado hasta que el pleno de la CSJ resuelva esas demandas, cuyo ponente es el magistrado Hernán De León.