Censura, arrestos y libertad de expresión
Los medios de comunicación en las sociedades democráticas son fiscalizadores de la gestión de gobierno, esto lo entienden los gobernantes serios que son tolerantes a la crítica mediática y muchas veces la acogen para enrumbar políticas erróneas.
Hacer lo contrario, es decir ignorar la voz de la opinión pública, expresada en los medios de comunicación, es querer entronizar el autoritarismo y la falta de transparencia en la gestión gubernamental, utilizando mecanismos jurídicos para limitar esa fiscalización, tan necesaria para el fortalecimiento de la democracia.
Por ello, venir a estas alturas a querer reglamentar el artículo 70 de la Ley sobre femicidio aprobada en el 2013 que sanciona con multas a los medios de comunicación, es establecer una velada autocensura para acallar las voces críticas ante las desacertadas políticas gubernamentales.
El presidente Juan Carlos Varela anunció que para este martes realizará una “consulta” con los dueños de medios, directores y periodistas, sobre el contenido del artículo 70, pero la postura de principios e invariable de este diario, es que la libertad de expresión y de prensa no se negocia y más cuando el presidente de NEXtv, medio crítico al Gobierno, está injustamente detenido por capricho y odio gubernamental.
Todo parece ser parte de un orquestado plan de persecución y amedrentamiento de voces críticas, ya que sin que se sepa ni cómo ni por qué han colado en el Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), al llamado “Movimiento Independiente” (Movin), que en la práctica es un grupo político de apoyo al actual régimen varelista.
La inclusión de Movin se intenta justificar como una representación de la sociedad civil, pero su presencia dentro del organismo periodístico es contradictoria, tomando en cuenta que no tiene ningún tipo de representatividad entre los profesionales de la comunicación social, además de ser un grupo político satélite del varelismo.
¿Quién designó a Movin en ese comité? En todo hay organizaciones y sindicatos fuertes con amplia representación popular como el Suntracs, que en todo caso tendría mayor mérito para representar a la sociedad en ese tipo de organismo regulatorio.
La Constitución Política es clara, no existe censura previa que limite la emisión del pensamiento, por cualquiera forma, así también lo señalan los convenios internacionales de derechos humanos de los cuales Panamá es signataria, querer burlar estas normativas es entronizar el autoritarismo y la dictadura en la vida de la sociedad y los panameños. ¡De eso, este medio no será cómplice!