Despidos

Redacción

No hay duda de que el comentario obligado en los pasillos de las dependencias públicas es la derogatoria por parte del gobierno actual del Decreto 52, promulgado por el expresidente Ricardo Martinelli, que garantizaba el pago inmediato de prestaciones laborales a los empleados públicos que por cualquier razón se desvincularan del cargo.

La letra y el espíritu de la norma derogada fue evitar que el funcionario fuera víctima, como históricamente lo había sido, de los buitres de la política criolla, quienes ven la planilla estatal como un espacio para el nombramiento de seguidores donde el talento, los méritos, años de servicio y la capacidad brillaban por su ausencia.

La derogatoria de este decreto abre la puerta al terrorífico fantasma de los despidos masivos, que cuan cruel lotería, le toca a cualquiera sin importar los años de servicios, los méritos acumulados en el ejercicio del cargo o el salario que devengue.

En otro contexto, el alcalde capitalino dijo recientemente que la planilla municipal estaba muy “abultada”, y si a ese críptico comentario, le sumamos el plumazo que acabó con el decreto redentor de los empleados del gobierno central, no hay dudas de que se están formando densos nubarrones en la administración pública, que no presagian nada bueno.

Quisiéramos equivocarnos, pero la realidad es que al derogarse el decreto 52, que garantizaba el pago de las prestaciones laborales del servidor público, de manera casi inmediata, este queda desprotegido y a merced de los políticos.