Jueces, fiscales y zarina, políticos

Redacción

La administración de justicia debe estar alejada de los vaivenes de la política, de lo contrario perderá credibilidad ante los ciudadanos, es por ello que la ley y la Constitución prohíben a las personas que tienen la calidad de jueces y fiscales, además de otros funcionarios, involucrarse directamente en la actividad política.

Es por eso que llama la atención cómo los ciudadanos Guido Rodríguez y Angélica Maytín, designados como fiscal de Cuentas y directora ejecutiva de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, respectivamente, hayan participado pública y de manera entusiasta en una marcha autodenominada “contra la corrupción”.

Los artículos 8 de la Ley 67 del 14 de noviembre de 2008 y 23 de la Ley 33 de 2012, en concordancia con lo establecido en la Carta Magna, establecen taxativamente las prohibiciones a que están sometidos estos funcionarios.

Si Maytín y Rodríguez no tuvieron empacho en pasar por encima de la ley, qué confianza podemos tener los panameños en la transparencia, justicia y objetividad de sus actuaciones al frente de las instituciones en las que fueron designados por el presidente de la República.

La conducta exhibida por ambos designados puede costarle la ratificación por parte de la Asamblea Nacional, ya que indudablemente actuaron como entes políticos al asistir a dicha marcha.

Pero no podía ser de otra forma, ambos ciudadanos vienen de los grupos de presión política, mal llamados “sociedad civil”, por lo que su presencia en dicha marcha responde a la lógica de sus actuaciones anteriores al frente de estos grupos en los que durante 5 años se dieron a la tarea de cuestionar las actuaciones del gobierno anterior.

Una administración de justicia politizada no es confiable, ya que se presta para ser instrumento de persecución contra la disidencia. Ojo, con estos ciudadanos que, más que servidores públicos, son políticos en funciones.