Juicio político

En medio de tanto espectáculo mediático en que se ha convertido la política panameña, hay un hecho que ha pasado un tanto desapercibido, pero no por ello es menos grave, tiene incalculables consecuencias jurídicas y políticas para el país: la afirmación del recién nombrado magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, en el sentido de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, le habría ofrecido ese nombramiento.

Cigarruista dijo textualmente a una televisora local: “Yo hablé con el presidente. Le dije que aspiraba a ser ministro, me dijo que ya los tenía comprometidos. Luego me dijo: ‘Bueno, vamos a optar por el cargo de magistrado del Tribunal de Cuentas a ver si es posible”.

Si esto es cierto, Varela ha violado el artículo 2 de la Constitución Nacional, que habla de la separación de los poderes del Estado, los cuales actúan limitada y separadamente.

Lo más doloroso para la vida jurídica e institucional del país es que Cigarruista no parece darse cuenta del alcance de sus afirmaciones, ya que las mismas, en buenas cuentas, podrían interpretarse como la confesión de un delito y abrirían la puerta a un juicio político al presidente de la República.

Dice un aforismo jurídico que a “confesión de parte, relevo de pruebas”; lo dicho por Cigarruista vincula al presidente y abre la puerta para que la Asamblea, en caso de que medie una denuncia, se vea obligada a formar una subcomisión investigadora, al mismo estilo y receta que usaron para separar del cargo a un magistrado de la Corte Suprema.

Con las declaraciones de Cigarruista, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), que está lejos de la papa política, pone sobre la cabeza de Varela una espada de Damocles, ya que si no se accede a sus pretensiones, fácilmente podría poner en aprietos a Varela con un amago de juicio político.