Nulidad constitucional

El respeto al debido proceso junto a la presunción de inocencia son piedras angulares de la actuación de las autoridades a la hora de investigar los delitos y contravenciones. Es por ello por lo que la sanción natural a toda actividad del funcionario de instrucción, que se aparte de estos precepto, no es otra que la nulidad de lo actuado.

Por eso resulta triste y a la vez escandaloso ver a la jefa del Ministerio Público varelista, tratando de justificar las actuaciones abusivas de la fiscal anticorrupción Zuley Moore, con relación al exministro José Raúl Mulino, quien fue castigado con un largo e injustificado cautiverio para satisfacer deseos revanchista de la actual administración.

La procuradora debiera saber que, además de las causales de nulidad taxativamente enumeradas en el Código Judicial, el mismo cuerpo normativo establece en el artículo 1950 la llamada “nulidad constitucional” al señalar: “Los procesos penales que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal”.

¿Cuáles son esos artículos anteriores? Sencillamente, los que hablan del debido proceso y presunción de inocencia, los cuales están consagrados en la Constitución Nacional.

Por no respetar la Constitución Nacional y sus garantías es que el juez quinto penal, Rafael Paniza, declaró la nulidad parcial del expediente incoado por Moore, quien pretendía una segunda prórroga a sabiendas de que la ley no lo permite, y aun así en desacato al juez de la causa prosiguió con la ilegal investigación.

Que la actual procuradora pretenda justificar la actuación abusiva de su fiscal revela mala fe o supina ignorancia, lo que en ambos casos redunda en un perjuicio del sistema de administración de justicia.

Lo correcto es que Moore renuncie al cargo por su abusiva y errática actuación, esto sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que le cabe.