Opinión

Postulación

La afirmación del magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoffery, en el sentido de que Ricardo Martinelli no tendría ningún impedimento de orden constitucional o legal para postularse a un cargo de elección popular, excepto el de presidente que ya ocupó, abre la puerta a un nuevo ingrediente en la revoltura político-electoral, de cara a los comicios del 2019.

A pesar de que está detenido en Estados Unidos, Martinelli tiene un peso político decisivo en el país, y su interés de postularse para un cargo de elección popular, sea alcalde o diputado, ha provocado en las filas del oficialismo una corredera que amenaza con convertirse en desbandada.

Es por ello por lo que existe un marcado interés de las fuerzas que adversan al expresidente, por mantenerlo alejado del país, con el único y exclusivo fin de impedir que la arrolladora simpatía que despierta en las masas populares se convierta en un factor de triunfo de cualquier coalición que decida apoyar.

Es una realidad que ninguna auditoría ha señalado al exgobernante como responsable de la malversación de fondos públicos, cosa contraria sucede con allegados al actual gobierno.

Así mismo, es un hecho que no hay condena en firme y ejecutoriada que le impida aspirar a un cargo público de elección popular y de la veintena de casos instruidos contra Martinelli, la gran mayoría se han ‘caído’, como se dice en la jerga forense, por falta de sustento y fundamento jurídico, por lo que indefectiblemente se irán archivando.

Frente a esta realidad, que la opinión pública panameña no tenga la menor duda de que, tras bambalinas, se agitan los ánimos y se preparan mensajeros, con el fin de impedir o retrasar hasta después de los comicios del 2019, el retorno de Martinelli a Panamá, sea cualquiera la fórmula jurídica de su regreso al país.

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